Entre 2012 y 2015, el Valle del Cauca vivió un periodo político inusual marcado por inestabilidad y cambios en la gobernación. Inicialmente, tras la destitución de Héctor Fabio Useche, el Gobierno Nacional nombró a Aurelio Iragorri Valencia como gobernador encargado y luego a Adriana Carabalí como gobernadora ( e ) mientras se organizaban las elecciones atípicas. El 1 de julio de 2012 fue elegido Ubeimar Delgado Blandón en unas elecciones atípicas con una participación histórica baja (mayor al 80 % de abstencionismo) para completar el periodo 2012-2015, tomando posesión el 6 de julio y terminando su mandato el 31 de diciembre de 2015.
Durante su administración, Delgado enfrentó el reto de recuperar la estabilidad política y la confianza ciudadana tras la crisis de gobernabilidad que vivió el departamento en años anteriores, y hubo expectativas de transparencia y diálogo social en su programa de gobierno. A pesar de ello, el periodo se desarrolló en un contexto de baja movilización electoral y cuestionamientos sobre la representatividad del proceso, reflejando los retos institucionales del Valle del Cauca en ese tiempo.
Durante la administración de Ubeimar Delgado, se adelantaron acciones orientadas al control del gasto, el orden administrativo y el cumplimiento de obligaciones financieras. Estas medidas permitieron estabilizar parcialmente la gestión, pero no constituyeron un proceso de saneamiento estructural. La relación con el Gobierno Nacional se mantuvo activa, aunque el acceso a recursos extraordinarios y cofinanciaciones estuvo condicionado por la limitada credibilidad financiera del departamento.
En materia de articulación institucional y productiva, el período evidenció debilidades en el liderazgo regional. Si bien existieron espacios de diálogo con actores políticos y económicos, no se consolidó una agenda departamental sólida en competitividad, innovación o empleo. Cali y su entorno metropolitano operaron de manera fragmentada respecto a la Gobernación, sin una estrategia regional articulada que impactara de forma sostenida la planificación y ejecución de políticas públicas.
La infraestructura departamental reflejó los rezagos históricos del Valle del Cauca. Las intervenciones se concentraron en el mantenimiento de la red secundaria y terciaria, con acciones puntuales destinadas a mitigar el deterioro de corredores estratégicos. Estas inversiones tuvieron un alcance limitado y no representaron transformaciones significativas en conectividad ni en logística regional. El transporte de productos agrícolas continuó enfrentando restricciones asociadas al estado de la red vial.
Buenaventura ocupó un lugar permanente en la agenda institucional, en un contexto de alta conflictividad social, déficit estructural y debilidad estatal. Durante el período se destinaron recursos para garantizar la prestación de servicios básicos en salud, educación e infraestructura mínima. La acción pública estuvo orientada a sostener la presencia institucional y evitar rupturas en la atención, sin lograr cambios estructurales frente a los problemas históricos del distrito.
En seguridad, el departamento enfrentó la persistencia de economías ilegales, criminalidad urbana y conflictividad territorial. La respuesta se centró en la coordinación con la Fuerza Pública y en acciones de carácter reactivo orientadas al control del orden público. No se registraron reducciones estructurales en los índices de criminalidad, pero se mantuvo la capacidad operativa institucional en un entorno complejo.
La educación pública fue sostenida como un eje básico de la gestión departamental. Se priorizó la cobertura del sistema oficial, la continuidad del Programa de Alimentación Escolar y la permanencia estudiantil, especialmente en zonas rurales. Se realizaron mejoras puntuales en infraestructura educativa, aunque los resultados en calidad fueron desiguales y sin avances significativos en indicadores estructurales.
El sistema de salud departamental evidenció profundas debilidades financieras durante el período. Varias Empresas Sociales del Estado enfrentaron desequilibrios que afectaron su sostenibilidad operativa. La administración departamental adoptó medidas de contingencia para garantizar la prestación del servicio y evitar el colapso de la red pública, pero no logró un saneamiento financiero integral. Los pasivos y problemas estructurales del sector quedaron como una carga para las administraciones posteriores.
Desde una perspectiva histórica, el período 2012–2015 no representó una etapa de fortalecimiento ni de consolidación institucional. Funcionó como una fase de transición caracterizada por la administración de la escasez, la contención fiscal y el sostenimiento mínimo del Estado departamental. Las limitaciones acumuladas durante estos años explican la necesidad de ajustes más profundos en el período siguiente.
En balance, el Valle del Cauca transitó entre 2012 y 2015 por una etapa de estabilidad frágil. No se produjeron reformas estructurales ni transformaciones de fondo, pero se evitó un deterioro mayor de la institucionalidad. El departamento llegó a 2016 con la continuidad administrativa necesaria para continuar un proceso de reordenamiento fiscal y fortalecimiento institucional posterior.
