La geopolítica siempre ha tenido por finalidad justificar las acciones imperiales de las potencias interesadas en expandir su dominación económica, política y militar sobre el territorio de otros Estados y regiones estratégicas, para apropiarse de sus recursos naturales y de los mercados de venta de sus mercancías.
Un ejemplo vivo de esta situación se presenta actualmente con países como los Estados Unidos de Norteamérica, China, Japón, Rusia, cuyos gobernantes utilizan para tal fin toda clase de medios y procedimientos que van desde las amenazas en materia comercial hasta la intervención directa en los asuntos internos de los países avasallados por los gobiernos de los Estados imperialistas de nuestra época.
Desde luego que la aplicación de esta vieja concepción de la geopolítica es un asunto más complejo en la medida en que el régimen capitalista global entró en un proceso de crisis generalizada de la economía y de un estado de incertidumbre política, que afecta el multilateralismo que igualmente se ha venido desnaturalizando en medio de la polarización de las potencias económicas y militares que en la actualidad asumen el liderazgo a nivel mundial.
En tales circunstancias, dichas potencias buscan la forma de repartirse aquellos territorios estratégicos desde el punto de vista económico y militar, con el fin de defender sus intereses en asocio con los grandes monopolios transnacionales con los cuales se apropian de las riquezas de los territorios de otros Estados y de sus fuentes de materias primas, utilizando para ello los instrumentos del poder tal como viene sucediendo y con los que se afianzan e imponen su hegemonía y dominación de estirpe neocolonial.
De esta manera privan a los países y a los pueblos de Africa, Asia y América Latina de lograr un desarrollo independiente y soberano, en tanto los condenan a vivir en medio de la pobreza y el subdesarrollo, para lo cual los gobernantes de dichos Estados se valen de ciertas organizaciones como el FMI, el Banco Mundial y la OCDE para presionar, avasallar e imponer determinadas políticas en materia económica, financiera y monetaria a los gobiernos de los Estados sometidos al imperio del gran capital financiero internacional que impera en el mundo capitalista global.
En relación con Colombia, la situación en el país no deja de ser menos preocupante en tanto nuestra economía es cada vez más dependiente de la economía de otros países, particularmente de los Estados Unidos, en tanto que los gobiernos de turno de Colombia muy poco o nada han hecho por impulsar el crecimiento y desarrollo económico y social con base en la implementación de políticas productivas que liberen al país de la dependencia y de los compromisos que lo atan al subdesarrollo y a la subordinación económica y política.
Es necesario señalar, que la cooperación y la ayuda mutua entre los países no deben adelantarse por fuera de los límites y exigencias de las normas del derecho interno e internacional y de los Derechos Humanos. Así mismo es indispensable impulsar el desarrollo de una democracia más amplia y participativa que permita avanzar por la senda de la paz, el progreso social y el bienestar general, además de afianzar nuestra identidad nacional y el espíritu de patria de colombianos, latinoamericanos y ciudadanos de todo el mundo civilizado.
ADENDA: Con la decisión de la suspensión provisional del decreto de la emergencia económica y por la Corte Constitucional, se produjo un hecho histórico que conlleva un cambio fundamental del principio de legalidad al cual se acogían los funcionarios del Estado para imponer sus decisiones que posteriormente eran declaradas inconstitucionales, en tanto, dichas decisiones generaban una serie de efectos jurídicos en contra de los intereses de los ciudadanos, particularmente cuando se trataba de la imposición de gravámenes que afectaban el patrimonio de los contribuyentes. Esta decisión de carácter trascendental que suspende los efectos del decreto presidencial, constituye un avance de la jurisprudencia que evita un mayor daño del patrimonio de los ciudadanos que esperan que se traduzca en una decisión definitiva una vez se examine el fondo del decreto demandada ante la Alta Corte.
