La reacción de los departamentos frente al decreto de emergencia económica 1484/1474 de 2025 del presidente Petro constituye un hecho relevante en la historia constitucional del país. Por primera vez, un grupo amplio de gobernadores actuó coordinadamente para defender la autonomía territorial, la estabilidad fiscal y el respeto al orden constitucional. No fue un acto de confrontación política, sino una respuesta institucional sustentada en argumentos jurídicos y financieros.
Y ya se conoce que el magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Camargo, radicó ponencia para suspender provisionalmente el decreto de emergencia económica del Gobierno Nacional, al advertir que su ejecución inmediata podría comprometer de manera grave la autonomía fiscal de las entidades territoriales y generar efectos jurídicos y financieros de difícil reversión, mientras se adelanta el control integral de constitucionalidad.
Fundamental, 17 gobernadores coincidieron
En que el decreto afecta las finanzas departamentales, en particular los ingresos provenientes del impuesto al consumo de licores y cigarrillos, para la financiación de servicios como salud, educación, deporte y programas sociales. La preocupación común fue que la aplicación del decreto, sin un control previo de constitucionalidad, genera un impacto negativo inmediato en la capacidad de los departamentos para cumplir sus funciones básicas.
El proceso que condujo a esta posición conjunta no fue improvisado. Los gobernadores sostuvieron reuniones técnicas con el Ministro de Hacienda y el Ministro del Interior, donde expusieron cifras, proyecciones y fundamentos legales. Insistieron en que la emergencia económica no puede desconocer la distribución de competencias ni alterar de manera unilateral las fuentes de financiación territorial. La persistencia de estos argumentos permitió consolidar una postura común y avanzar hacia una estrategia jurídica compartida.
Liderazgo determinante.Dilian Francisca Toro, gobernadora-Valle del Cauca, Asumió un papel central como vocera del bloque. Su afirmación de que los gobernadores no aplicarían el decreto mientras la Corte Constitucional no se pronuncie reflejó una decisión colectiva basada en el respeto por las instituciones. Toro enfatizó que la pérdida de ingresos comprometería programas esenciales en los departamentos, trasladando el debate a sus efectos reales sobre la población.
“Diecisiete gobernadores hemos dicho que no vamos a aplicar el decreto.” Señaló que mientras la Corte Constitucional no se pronuncie de fondo, no aplicarán las medidas tributarias del decreto, especialmente en lo que respecta al impuesto al consumo.
En rueda de prensa agregó que el decreto dejaría a los gobiernos locales sin recursos esenciales. Aunque no hay cita literal más extensa en las fuentes actuales, enfatizó que el impacto fiscal sería negativo para servicios como salud y educación.
Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, rol destacado
Al señalar que el decreto presenta vicios de inconstitucionalidad y anunciar que su administración no lo ejecutaría sin un fallo previo de la Corte. Su postura reforzó la idea de que la autonomía territorial no es una facultad discrecional, sino un mandato constitucional.
Por su parte, Erasmo Elías Zuleta, gobernador de Córdoba y presidente de la Federación Nacional de Departamentos, articuló la posición de los mandatarios desde una instancia institucional, facilitando la interlocución y la acción conjunta.
Otros gobernadores, como Adriana Magali Matiz (Tolima), Luis Francisco Ruiz (Caquetá) y Luis Alfonso Escobar (Nariño), integraron la comisión que representará a los departamentos ante la Corte Constitucional. De manera colectiva, anunciaron la interposición de acciones judiciales y el uso de mecanismos constitucionales para suspender la aplicación del decreto mientras se decide sobre su validez.
Declaraciones colectivas de los gobernadores
En conjunto, los gobernadores informaron que buscarían acciones judiciales, incluyendo excepciones de inconstitucionalidad, para frenar la aplicación de las medidas mientras la Corte Constitucional se pronuncia.Dijeron que el decreto representa una amenaza a la estabilidad de las entidades territoriales y podría poner en riesgo inversiones y servicios básicos como salud, educación y deporte.
Este episodio representa un avance para el país.
Los departamentos actuaron unidos, dentro de la ley y con argumentos constitucionales claros, frente a una medida que consideraron lesiva para el orden territorial. Más allá de la coyuntura, se reafirma que la descentralización y la autonomía se protegen con responsabilidad institucional y respeto por la Constitución.
Se espera , con el fallo de la Corte constitucional , sea de un gran triunfo jurídico y político de los gobernadores seccionales, ante la situación presuntamente inconstitucional, de los decretos de emergencia económica. Bien por el Valle del Cauca y su gobernadora, Dilian Francisca Toro.
