En Cali, la prevención de violencias de género se consolidó en los últimos dos años como un componente central del trabajo comunitario en varios barrios priorizados. Las acciones han buscado disminuir riesgos, fortalecer rutas de atención y promover entornos más seguros, con participación de instituciones, organizaciones sociales y liderazgos locales. Aunque las estrategias varían según el territorio, comparten un enfoque práctico: identificar factores de riesgo, actuar de manera temprana y acercar la oferta institucional a los sectores donde se concentran los mayores casos.
El programa ha operado principalmente en comunas donde la Secretaría de Bienestar Social, las Casas de Justicia, las mesas de mujer y los colectivos comunitarios detectaron altos reportes de violencia intrafamiliar, agresiones contra mujeres, niñas y personas con orientaciones e identidades diversas. A partir de estos diagnósticos se organizaron jornadas territoriales, campañas puerta a puerta y procesos formativos para familias, jóvenes, docentes, comerciantes y líderes.
Entre las experiencias desarrolladas en los últimos dos años se destacan tres líneas de trabajo. La primera es la presencia comunitaria mediante equipos móviles de prevención. Estos equipos recorrieron barrios priorizados con información sobre derechos, orientación básica en casos de violencia y difusión de la ruta de atención. Esta metodología permitió que mujeres que nunca habían acudido a una institución hicieran sus primeras consultas, especialmente en horarios y puntos accesibles dentro del barrio.
La segunda línea corresponde a los procesos educativos con enfoque de género. En varias instituciones educativas y centros comunitarios se realizaron ciclos de formación sobre relaciones respetuosas, señales de alerta, mecanismos de denuncia y prevención del acoso. La participación de adolescentes fue clave, pues permitió abrir espacios de diálogo sobre dinámicas de control, violencia digital y presiones grupales. Las escuelas que participaron reportaron mejoras en la identificación temprana de casos y en el acompañamiento a estudiantes.
La tercera experiencia se relaciona con el fortalecimiento de redes comunitarias. Lideresas, promotores de convivencia, gestores culturales y colectivos juveniles recibieron capacitación para orientar casos, activar la ruta de protección y acompañar a víctimas en los primeros pasos. Además, varias comunas implementaron iniciativas barriales como caminatas seguras, pactos comunitarios, diálogos entre hombres sobre corresponsabilidad y campañas independientes que circularon en redes locales. Estas acciones permitieron que el tema dejara de ser exclusivamente institucional y se integrara a la organización comunitaria.
Otro elemento que avanzó fue la articulación con la Policía Metropolitana y las comisarías de familia. En zonas priorizadas se realizaron seguimientos a casos de reincidencia, visitas preventivas y acompañamientos en situaciones de riesgo. También se puso en marcha la estrategia de «alertas tempranas comunitarias», donde líderes informan a las instituciones sobre escenarios que requieren intervención. Aunque no resuelven por sí solas el problema, estas alertas han ayudado a responder más rápido.
En cuanto a resultados, las instituciones destacan que aumentó el número de mujeres que se acercaron a las jornadas barriales para pedir orientación, y que las redes comunitarias han realizado más reportes oportunos. También mejoró la identificación de riesgo en niñas y adolescentes, especialmente en entornos escolares. Persiste el reto de ampliar la cobertura y fortalecer el acompañamiento posterior, pero las experiencias han mostrado que la presencia directa en el territorio facilita el acceso.
Para solicitar ayuda existen varias opciones claras. Si la situación es una emergencia o hay riesgo inmediato, la recomendación es comunicarse con la línea 123. Si se requiere orientación, acompañamiento o denuncia, las comisarías de familia atienden de forma presencial y telefónica en toda la ciudad. También puede acudirse a las Casas de Justicia, donde se ofrece información sobre la ruta de atención, asesoría jurídica inicial y articulación con otras entidades.
Las mujeres y familias de los barrios priorizados pueden participar en las jornadas que coordina la Secretaría de Bienestar Social, que son anunciadas a través de líderes comunitarios y redes locales. Allí se puede recibir orientación sobre derechos, hablar con profesionales y ser remitidas a los servicios correspondientes. Las instituciones educativas cuentan además con equipos psicosociales que pueden activar la ruta cuando se trata de menores de edad.
En cualquier caso, la orientación temprana es clave. No es necesario esperar a que la violencia escale para buscar apoyo. Los equipos comunitarios, las lideresas barriales y las propias redes territoriales creadas en los últimos dos años se han convertido en puntos confiables para iniciar el proceso. El programa seguirá operando en barrios priorizados mientras se consolidan mecanismos para ampliar cobertura, fortalecer seguimiento y mejorar la coordinación entre instituciones y comunidad.
