Gustavo Petro fue candidato durante más de dos décadas. Después de su paso por el Congreso, cuya última vez logró en virtud de la norma electoral del estatuto de la oposición, que favorece a quien ocupa el segundo lugar en el proceso electoral presidencial, ocupó la curul en calidad de opositor.
En su larga trayectoria congresional, señalaba su voz crítica opositora a todas y cada una de las actuaciones de los gobiernos de turno. El día de la posesión de Iván Duque Márquez, declaró abiertamente que “Hoy somos la oposición al gobierno que Duque va a conformar, no porque queramos, sino porque consideramos que no es acertado su programa”.
Fue el llamado que concluyó unos años después en la vandálica protesta callejera conocida como “estallido social” (2021), que provocó la destrucción e incendio de bienes públicos y privados, asaltos a las estaciones de policía y el desafío a la autoridad constitucional, plataforma que hábilmente utilizó para triunfar en las elecciones de 2022, ofreciendo el “soñado cambio” que la nación clamaba.
Sin embargo, tres años después de gobernar el país, lo que Colombia ha presenciado no es un programa estructural de gobierno, sino el más descarado e inaudito saqueo de las arcas del Estado en beneficio propio y del grupo cercano de colaboradores.
Desde la campaña presidencial se evidenciaron irregularidades en su financiación. A su hijo Nicolás se le atribuía recibir recursos vinculados al narcotráfico para favorecer el ilícito negocio. Fue tan evidente que la Fiscalía de bolsillo del mandatario no tuvo otra alternativa que procesar al procesado por falsedad documental y por manejo indebido de contratos, entre otros cargos.
La misma campaña había aceptado ilegalmente recursos de sindicatos, pero quizás haber superado los topes permitidos indicaba que la narrativa del “cambio limpio” era tan solo una frase distractora.
Una vez posesionado, el ostentoso despilfarro, que hoy reclama una nueva reforma tributaria, se apoderaba de su administración. La desafiante vicepresidenta utilizaba los recursos de movilidad asignados para desplazarse en helicóptero desde su despacho hasta su lugar de residencia. La primera dama contaba con un séquito de colaboradores, entre los que destacaba el masajista personal que, por cuenta del erario, la acompañaba en todos sus viajes.
Quien fungió como la colaboradora más cercana del presidente culpó a la niñera de sus hijos por el robo de un maletín al interior de su residencia, con valioso contenido de dinero en efectivo. Del bochornoso incidente aún retumban las palabras del Armando Benedetti amenazando con “contar” sobre recursos ilícitos recibidos en campaña.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) fue la plataforma utilizada por el gobierno del “cambio” para malversar aproximadamente $50 mil millones (equivalentes a tres reformas fiscales) destinados a la compra de legisladores. Fue tan obvio el desfalco que los presidentes del Senado y de la Cámara, así como funcionarios de la entidad, fueron privados de su libertad y exministros vinculados prófugos de la justicia.
Los más de setenta viajes presidenciales, la mayoría injustificados, confirmaban el derroche de las comitivas, a lo que se sumaban incalculables recursos destinados a embajadas, a funcionarios nombrados sin mérito alguno y a la ostentación de sedes temporales para determinados eventos promocionales.
Y recientemente, la ostentación de lujos en Suecia por parte de la “primera dama”, sin justificación salarial alguna y coincidente con la compra de aviones de guerra por $15 billones a ese país, confirma que el país atraviesa la más deplorable y oscura etapa de su historia.
Colombia tiene la oportunidad histórica de corregir el rumbo que la ideología petrista de izquierda insiste en llevar hacia el despeñadero, siguiendo los modelos fallidos de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Ahora sí es verdad que el país necesita un verdadero “cambio” para volver a principios y valores fundamentales que nos identifican como nación, como población y como estado de derecho constitucional.
Guillermo E. Ulloa Tenorio
Economista de la Universidad Jesuita College of the Holy Cross en Estados Unidos, diplomado en alta dirección empresarial INALDE y Universidad de la Sabana. Gerente General INVICALI, INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE, Secretario General de la Alcaldía. Ha ocupado posiciones de alta gerencia en el sector privado financiero y comercial.
