El Congreso de la República aprobó el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026 por un total de $546,9 billones, cifra que representa una disminución de $10 billones frente a la propuesta inicial del Gobierno. El proyecto fue respaldado tanto por la Cámara como por el Senado. El Presupuesto 2026 con crecimiento nominal, esconde un reparto desigual, se privilegia el pago de deuda y se mantienen fuertes asignaciones a sectores tradicionales como defensa, varios sectores sociales y territorios periféricos enfrentan recortes con preocupación. La redistribución presupuestal sigue favoreciendo a los grandes centros urbanos, dejando a regiones vulnerables en una posición rezagada. Lo que buscan es apoyo a la anunciada reforma tributaria para evaluar si el gobierno logra equilibrar el crecimiento fiscal con una inversión más equitativa y cumplir con algunas regiones.
Según el Ministro de Hacienda, Germán Ávila, el presupuesto garantiza el cumplimiento de metas estratégicas. Sin embargo, analistas como el exministro José Manuel Restrepo han cuestionado las prioridades asignadas, señalando un posible desequilibrio entre el fortalecimiento de la deuda pública y el debilitamiento de sectores sociales clave como salud y educación.
Distribución por sectores
El mayor rubro del presupuesto corresponde al servicio de la deuda, que absorberá $97,1 billones, lo que evidencia el peso creciente de los compromisos financieros del Estado. Le siguen:
Educación: $88,2 billones Salud: $78,1 billones Defensa y Policía: $65,7 billones Trabajo: $56,7 billones
Otros sectores reciben aumentos marginales: Transporte (+$206.000 millones), TIC (+$195.000 millones), Deporte (+$186.000 millones), y Comercio, Industria y Turismo (+$138.000 millones). A pesar de estos aumentos, son proporcionales bajos dentro del total del PGN.
En contraste, sectores como Inteligencia ($178.000 millones), Ciencia y Tecnología ($380.000 millones), Deporte y recreación ($496.000 millones), y Empleo público ($661.000 millones) quedan con asignaciones limitadas.
Entre los ministerios con recortes se encuentran:
Hacienda: pierde $2,6 billones y queda con $28,5 billones Prosperidad Social: se reduce en $2 billones (queda con $8,2 billones) Ambiente: pierde $78.400 millones (queda con $1,24 billones)
Composición del gasto
Del total aprobado: $358,1 billones se destinarán a gastos de funcionamiento
$100,5 billones al servicio de la deuda $88,4 billones a inversión pública
Esta estructura refleja una alta rigidez presupuestal, donde el gasto recurrente y el pago de deuda consumen más del 80 % del total, dejando un espacio limitado para inversión.
El PGN 2026 se convierte en el más alto de la administración Petro: ha pasado de $352,6 billones en 2022 a $546,9 billones en 2026. Aun así, los recursos reales para inversión efectiva son reducidos en relación al tamaño del presupuesto total.
Regionalización de la inversión
De los $88,4 billones asignados a inversión, el 24 % se concentra en Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca, es decir, casi $19,83 billones. Este patrón refleja una continuidad en la priorización de zonas urbanas centrales.
En detalle, la inversión por regiones es:
Región Inversión 2026 (millones) Participación
Andina $32,3 billones 36,4 %
Caribe $16,8 billones 19,0 %
Pacífico $11,6 billones 13,1 %
Orinoquía $3,0 billones 3,4 %
Amazonía $2,8 billones 3,2 %
Insular $464.271 millones 0,5 %
Por regionalizar $1,4 billones 1,6 %
Nacional $20,3 billones 22,9 %
Impacto por departamentos
Valle del Cauca: recibirá $4,26 billones (4,83 % del total regionalizado), con un recorte de $155.000 millones frente a la propuesta inicial. Aunque es más que en 2025, sigue entre los últimos en inversión per cápita (alrededor de $900.000).
Antioquia: recibirá cerca de $7 billones, con un crecimiento del 6,8 %.
Bogotá: tendrá $8,8 billones, con un incremento del 14 %.
Por contraste, departamentos como Guainía, Vaupés, Amazonas y Guaviare registran recortes superiores al 25 %. Guainía, por ejemplo, recibiría 30,3 % menos, quedando con presupuestos insuficientes para cubrir necesidades básicas. Cauca perderá un 7,8 % de sus recursos previstos; mientras que Putumayo, La Guajira y Vichada también figuran entre los más afectados. Las regiones periféricas, en general, ven reducidas sus posibilidades de inversión en infraestructura y programas sociales.
Los gobernadores de Sucre, Córdoba y Atlántico advirtieron reducciones entre el 30 % y 37 % de inversión regionalizada, lo que podría paralizar obras y afectar el desarrollo local.
