La crisis económica, financiera y fiscal de Cali que hoy atraviesa la ciudad es resultado de una acumulación prolongada de malas decisiones administrativas y errores en el manejo presupuestal, atribuidos principalmente a la administración actual liderada por el alcalde Alejandro Eder y la exdirectora del Departamento Administrativo de Hacienda, María Mercedes Prado Daza. Esta situación se agrava por la falta de control efectivo de las entidades de supervisión como la Personería y la Contraloría de Cali, que hasta ahora no han asumido plenamente su rol de contrapeso frente a la crisis.
Uno de los aspectos críticos es la inviabilidad económica y fiscal sustentada en una deuda estructural de aproximadamente 3.5 billones de pesos, que incluye capital bancario, intereses y pasivos contingentes, como los compromisos incumplidos con los contribuyentes por valorización y megaobras inconclusas que ascienden a cerca de 900 mil millones de pesos. Esta deuda implica que el marco fiscal de mediano plazo 2025-2035 no sea sostenible en el tiempo, afectando la capacidad del Distrito para honrar sus compromisos financieros y operativos en años futuros.
La figura de María Mercedes Prado ha sido cuestionada por presuntas irregularidades graves, como la modificación de la deuda pública sin la autorización legal previa, hecho que está en proceso de investigación, también la expedición de 13 decretos presupuestales que fueron anulados por el Tribunal Administrativo del Valle, al fundamentarse en normas inexistentes. Estos actos configuran presuntas faltas disciplinarias y penales muy graves, que evidencian una administración con deficiencias en el manejo jurídico y financiero. Sumado a ello, la aprobación de un crédito por 3.5 billones de pesos para financiar 32 grandes obras, sin asegurar un cierre financiero adecuado por falta de estudios técnicos , ni un plan fiscal viable, profundiza la crisis fiscal y la fragilidad económica.
Su responsabilidad refleja la falta de cumplimiento de normas básicas en la gestión fiscal, que impacta directamente en la estabilidad financiera del Distrito; ahora se le sanciona en la Personeria , por algo menor, que sumado co la reiterada inasistencia a las citaciones del Concejo Distrital que motivó una sanción disciplinaria de seis meses
Por su parte, el alcalde Alejandro Eder enfrenta fuertes críticas por liderar procesos en Hacienda , fiscalmente in viables, sin los estudios debidos.
La responsabilidad de la crisis también recae en el Concejo Distrital, que aprobó el endeudamiento con escasa oposición real y ha mantenido una actitud pasiva o complaciente con la realidad fiscal. Igualmente, la Personería y la Contraloría de Cali, como órganos de control, han mostrado inacción o reticencia para revelar la verdadera dimensión del problema fiscal, con lo que contribuyen al mantenimiento del “silencio” ante la crisis. Este comportamiento limita la transparencia e impide una rendición de cuentas eficaz, agravando la incertidumbre sobre la viabilidad futura de la ciudad.
Esta situación tiene consecuencias tangibles en servicios públicos esenciales y en la calidad de vida de los ciudadanos, pues la deuda y el déficit estructural han afectado inversiones en infraestructura y servicios, incluidas megaobras estratégicas y el sistema de transporte público MIO, con déficit en su cierre financiero y operativo. El elevado gasto en contratación de personal de planta temporal y la duplicidad y dispersión en las secretarías de la Alcaldía amplifican el desequilibrio fiscal.
La crisis económica, financiera y fiscal de Cali , ahora desconocida por el alcalde, es fruto de errores administrativos graves, desatención normativa, endeudamientos insostenibles y falta de control riguroso de las autoridades. Alejandro Eder y María Mercedes Prado, como gestores directos en el año 2024, deben responder por sus decisiones, al igual que el Concejo, la Personería y la Contraloría, para garantizar que se implementen medidas correctivas que restablezcan la viabilidad económica y fiscal de la ciudad, protegiendo así a las futuras generaciones de caleños.
Sin un cambio profundo en la gestión, Cali continuará enfrentando una quiebra fiscal con efectos sociales y económicos devastadores
