Al presidente Gustavo Petro se le observa más hacia el conflicto constitucional, que a gobernar y cumplir sus promesas, proyectos de campaña u obras, lo que lo ha puesto una paradoja grave: poner en duda la legitimidad de la organización electoral que lo llevó al poder. En medio de un conflicto con la empresa Thomas Greg and Sons por el contrato para elaborar pasaportes, Petro expresó en Twitter su desconfianza en la transparencia de las elecciones de 2026. Esta declaración afecta uno de los pilares del sistema democrático colombiano: la Registraduría Nacional del Estado Civil, encargada de organizar los comicios y que adjudicó un contrato millonario a una unión temporal que incluye a Thomas Greg.
Es contradictorio que Petro cuestione un sistema electoral que le permitió construir su carrera política desde 1991, ganando múltiples elecciones ( Camara, Senado y la presidencia) . Sus declaraciones preocupantes amenazan la confianza en el proceso electoral, un asunto crítico cuando el presidente debe garantizar la transparencia y seguridad de los comicios. Además, estas dudas surgen en un momento en que su proyecto político enfrenta desilusión entre sus seguidores y críticas por incumplimientos.
Sumado a esto, las narrativas infundadas sobre supuestos “golpes de Estado” solo empeoran la percepción pública y parecen excusas para una gestión que muchos consideran mediocre. Frente a este escenario, la respuesta institucional y social debe ser firme y unificada. La Registraduría requiere el respaldo de los poderes públicos, el sector empresarial y la sociedad civil para asegurar unas elecciones transparentes y legítimas en 2026.
La sociedad debe blindar el proceso electoral apoyando a la Registraduría, exigiendo recursos adecuados, garantías políticas y seguridad para candidatos y votantes, y demandando del gobierno prudencia y respeto institucional. Solo así se podrá preservar la confianza en la democracia colombiana.
De otro lado, el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, recalca que el calendario electoral es un mandato de la Constitución y la ley, no de la voluntad de personas o intereses particulares. La programación de las elecciones presidenciales de 2026 está definida desde hace años y cualquier intento de modificarla atentaría contra la legitimidad del sistema democrático colombiano. Gregorio Eljach subraya que alterar las fechas sería un golpe a la credibilidad institucional, pues el proceso electoral está diseñado para garantizar la soberanía popular y la democracia representativa.
“El calendario electoral no depende de una persona, eso está definido por ley y nace en la Constitución. Cambiar la fecha afectaría la credibilidad de un sistema que se define como democrático. Todo ha sido planeado desde hace cuatro años”.
La Registraduría ha implementado innovaciones como la biometría facial y la digitalización de actas para fortalecer la confianza en los procesos electorales. Se han iniciado inscripciones de cédulas y candidaturas conforme al calendario oficial, reafirmando el compromiso con la legalidad y la participación ciudadana. El Procurador insiste en que la defensa de la democracia exige un compromiso conjunto de instituciones, sector privado y sociedad civil para blindar el proceso electoral.
La democracia y la celebración de elecciones libres y transparentes son pilares constitucionales que deben ser protegidos por todos los habitantes del país.
