Es poco o nada lo que las autoridades vienen haciendo en materia de seguridad en torno al centro Histórico, Cultural y Arquitectónico de la ciudad de Cali, particularmente en los barrios San Pascual, El Calvario, San Antonio, etc, para garantizar el ejercicio de los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos que viven en dichos sectores y en sus alrededores, cuyos residentes han sido abandonados a su suerte, en tanto se adelanta la construcción de varias torres de apartamentos como expresión de la nueva política de renovación urbana, conjuntamente con el bunker de la fiscalía y la futura estación central del MIO, con las cuales se aspira a cambiarle la “cara” al centro de la ciudad y con ello pretender resolver los problemas de inseguridad, apropiación ilegal del espacio público, la venta de drogas ilícitas, que según las autoridades, es lo que” le faltaba resolver a la ciudad”.
La idea de algunos sectores de opinión y de las autoridades, es que, con la renovación urbana del centro de la ciudad desaparecerán dichos fenómenos que afectan su entorno económico, social y urbanístico; lo que implica adoptar una serie de medidas como por ejemplo, reasignar el espacio público para crear un ambiente atractivo para el comercio y el turismo. Circunstancia esta que no deja de ser más que una ilusión, en tanto no se logren erradicar sus verdaderas causas y remover los obstáculos que han impedido avanzar por otras vías de solución. Solamente de esta manera se podrán garantizar los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos en cuanto al uso de este bien común.
Menos aún se podrá pensar que con el cambio del paisaje urbano desaparecerán como por encanto la actividad del narcotráfico y la extorsión y de un sinnúmero de conductas delictuosas que finalmente se apropiaron del centro de la ciudad desde varios años atrás, sin que las autoridades pudieran lograr su recuperación.
Con toda razón en algunos medios de comunicación se afirma que los problemas del centro de la ciudad no se podrán resolver eficazmente, lo cual no será posible remediar aumentando el pie de fuerza policial, como tampoco realizando una serie de operativos que en muchos casos crean la sensación aparente de una realidad inexistente que mantiene bajo la sombra la inseguridad a través de variedad de formas y modalidades delictuosas.
Si bien es cierto, el centro de la ciudad requiere de un tratamiento especial en materia de seguridad, cualquier acción que se emprenda al respecto debe contar con la participación de los ciudadanos del sector, más allá de las medidas transitorias y de simple maquillaje urbanístico, entretanto, se agrava la situación de inseguridad para los habitantes del sector y del centro de la ciudad.
El patrimonio histórico cultural y arquitectónico del barrio San Antonio; el Colegio de Santa Librada, la casa de La Felisa, el colegio de la Sagrada Familia, el hotel Aristi, el bulevar del Río Cali, considerados entre otros bienes arquitectónicos como hitos históricos de la ciudad, están sometidos a su extinción y desaparición, en tanto que las autoridades no toman las medidas tendientes a lograr su conservación y preservación en el espacio y en el tiempo. Conducta esta que viene imponiéndose con el desarrollo y renovación urbanística espontánea de la ciudad y la poca o ninguna voluntad de conservar dicho patrimonio como parte de la historia e idiosincrasia del pueblo caleño.
Desde la Veeduría que representamos hacemos un llamamiento a los ciudadanos más conscientes de la necesidad de salvaguardar el patrimonio de la ciudad a cerrar filas en torno a la defensa y conservación de la memoria la cual los nuevos constructores y urbanizadores quieren borrar en aras de obtener grandes beneficios económicos con la complicidad de algunas autoridades distritales que privilegian el interés particular sobre el interés general y con ello le causan un gran daño a la ciudad y a sus habitantes.
Una sociedad debe estar muy enferma cuando es indiferente ante el padecimiento de miles de personas que no reciben de sus EPS los medicamentos, tratamientos, exámenes, citas médicas necesarias en la batalla por la salud que solitariamente libran contra las entidades llamadas a atender su salud.
Es preocupante que las personas no reflexiones sobre estos problemas y se dejen seducir con las palabras y promesas de los gobiernos que finalmente no le cumplen a la comunidad, cuando de lo que se trata es de desentrañar las verdaderas causas que los generan, entretanto caen en posiciones subjetivas de carácter emocional que en poco contribuyen para hacer claridad sobre el qué hacer en todos estos casos, matizados en buena parte por sentimientos de odio y animadversión que solo conducen a obnubilar la conciencia de la gente.
El hecho de haber convertido la salud en un negocio lucrativo hace parte del deterioro de la prestación de dicho servicio cuyo origen se encuentra plasmado desde el punto de vista jurídico en la Constitución de 1991, mediante la cual se le abrió la puerta a los particulares para que explotaran económicamente el servicio de la salud en sus diferentes formas y modalidades, excluyendo de esta manera la posibilidad de que los colombianos pudieran tener acceso real a la prestación de este derecho básico y fundamental.
Cabe recordar que con la ley 100/93 este derecho se terminó de estructurar con la creación de las EPS que concentraron y centralizaron la prestación de este servicio en todo el territorio nacional.
En la actualidad, dichas EPS conjuntamente con las farmacéuticas dificultan cada vez más la entrega de los medicamentos que requieren los pacientes, particularmente en el caso de los oncológicos, enfermedades huérfanas y en general a todas aquellas personas a quienes se les han recetado medicamentos de alto costo, indispensables para mejorar sus condiciones de existencia y de vida en general.
Las alternativas de solución a este grave problema, no se resuelve con las largas filas que diariamente se aprecian, sin que puedan recibir oportunamente sus medicamentos, generándose con ello un verdadero drama social, que no se compadece con la situación que viven miles de pacientes que finalmente terminan engañados con los anuncios que hacen las autoridades en todos los casos.
