Con la crisis que se vive en el país en materia política e institucional se viene abriendo paso la visión cada vez más evidente, de que el gobierno del presidente Petro entró en una etapa de declive que hoy tiene sumida a la nación en la peor de las crisis de que se tenga conocimiento en las últimas décadas de su historia, mediatizada por varios escándalos de corrupción y el recrudecimiento de la violencia en todas sus formas y modalidades en varias regiones de la geografía patria que han generado muerte y desolación de miles de colombianos desplazados de sus territorios, afectados con la confrontación armada que crece en el país después de haber fracasado la política de paz total del gobierno nacional.
De esta manera parecen agotadas las posibilidades de lograr un verdadero cambio social al cual se comprometió el presidente Petro, en tanto no se tuvieron en cuenta las condiciones reales y concretas de una sociedad como la colombiana avasallada por infinidad de contradicciones y conflictos sociales cuya solución demanda en las actuales circunstancias, de acuerdos y concertaciones políticas que no fueron factibles en medio de la polarización y la desconfianza surgidas entre los dirigentes de los diversos partidos y movimientos políticos y el gobierno de turno, al tiempo que tampoco se logró cohesionar a las fuerzas democráticas y progresistas sobre la base de fortalecer la unidad de acción en favor de un verdadero cambio social contra el régimen de explotación y de injusticia existente en el país para lo cual era menester aprovechar las potencialidades del pueblo, de sus clases progresistas y democráticas con el fin de que renacieran las posibilidades reales de cambio y de la construcción de una sociedad más justa, equitativa e igualitaria, con la cual los colombianos de todas las generaciones han soñado, más allá de los autoritarismos producto de la concentración y centralización del poder en cabeza del ejecutivo de la nación que finalmente termina apartándose de las formas y métodos democráticos en el ejercicio de sus funciones públicas y conforme a las cuales se crea una visión deformada de la realidad.
La crisis política e institucional que afronta el país está ligada a la crisis que padece la estructura institucional de estirpe neoliberal y del papel que juega la clase dirigente, que ya no cuenta con la vitalidad suficiente y necesaria para dirigir el Estado sin tener que acudir a la práctica de ciertos procedimientos que afectan la legitimidad y la legalidad de las acciones, en muchos casos para beneficio de determinados grupos de interés, que incluso se manifiestan por ejemplo, en la forma como actúa el congreso de la república en donde se aprueban reformas constitucionales y legales sin mayor discusión y a pupitrazo limpio, que poco o nada tienen que ver con la defensa del interés general de los ciudadanos, perdiendo así su carácter representativo y democrático.
Entretanto, se materializa la relación personal entre el poder ejecutivo y los monopolios nacionales y transnacionales, mediante el intercambio de favores y de funcionarios que pasan directamente del ejecutivo al sector privado y viceversa, convirtiendo al Estado en un apéndice orgánico del gran capital financiero nacional e internacional.
Así mismo, se deja en manos de ciertos organismos administrativos como las superintendencias dependientes del ejecutivo, el poder de dictar normas jurídicas (resoluciones) y ejercer funciones judiciales, con las cuales se crean conflictos jurídicos y sociales.
Puede afirmarse que la denominada división de poderes no deja de ser más que una ficción, ya que en la realidad, gran parte del poder se encuentra en cabeza del ejecutivo que con el correr del tiempo se ha venido concentrando y centralizando en detrimento de las ramas legislativa y judicial. En este sentido el presidente de la república en cabeza del ejecutivo no solo legisla mediante la promulgación de decretos-leyes en desarrollo de la declaratoria de conmoción interior, sino de la emergencia económica y ambiental.
Y qué decir del régimen electoral mediante el cual se les ofrece a los ciudadanos el derecho a escoger a sus gobernantes y miembros al congreso de la república, diputados, concejales, ediles, derecho este que está mediatizado por la corrupción, el soborno, la intimidación y la violencia, al tiempo que los ciudadanos son tratados como masa disponible electoral por sus candidatos que los manipulan y les ofrecen toda clase de prebendas y promesas que en la mayoría de las veces no se cumplen.
La experiencia práctica e histórica ha demostrado que los cambios no pueden surgir de la simple voluntad y deseos de los gobernantes ni de los movimientos y partidos políticos sino son capaces de garantizar su unidad, organización y lucha contra las inequidades e injusticias de un régimen político que como el de nuestro país ha perdurado en el tiempo perpetuándose en el poder, entretanto las fuerzas democráticas y progresistas no se comprometan con el verdadero cambio y transformación económica, política y social del país.
ADENDA: La ley estatutaria de los mecanismos de participación ciudadana y la Constitución Política no consagran la revocatoria al presidente de la república, no siendo posible mediante esta figura anticipar el período del ejecutivo. La razón jurídico-política para que no sea posible la revocatoria al presidente de la república radica en que este es el representante y no el mandatario de los colombianos. En tanto, los alcaldes y gobernadores son mandatarios por definición constitucional. Lo anterior conlleva a un desgaste con efectos negativos ya que por este camino no se podrá conseguir la finalización anticipada del período presidencial.
