De acuerdo con informaciones suministradas por EMCALI, ha sido necesario interconectar la red alta que comprende el centro y el oeste de la ciudad, con la red baja del río Cauca y Puerto Mallarino, a fin de garantizar el suministro diario de agua potable para Cali. Situación que se repite cuando se presenta el fenómeno climático del Niño.
Entretanto se incrementa el consumo de agua por parte de los caleños en un 20%, generándose con ello las alarmas que advierten un posible racionamiento del preciado líquido regresando de esta manera a la historia de siempre, sin que se prevea en lo posible una solución a corto y largo plazo, como debe ser, como sería la de recurrir a nuevas fuentes hídricas y construir un nuevo acueducto para aumentar el caudal de las aguas con el cual se podría enfrentar no solo el fenómeno del Niño sino contar con un consumo suficiente de agua potable que en el futuro demandará la ciudad de Cali.
Resulta por demás paradójico que en la ciudad con 7 ríos se encuentre al borde del racionamiento del consumo de agua, lo cual no se le puede atribuir exclusivamente al fenómeno climático del Niño, que conjuntamente con otros factores como el crecimiento espontáneo de la población y el desarrollo urbanístico ejecutado en función de los intereses y negocios de sectores particulares han contribuido a que se agoten las fuentes hídricas que surten los ríos de la ciudad, algunos de estos en franca extinción en el tiempo.
No existe una política demográfica para evitar el aumento poblacional mediante el arribo masivo de familias provenientes de otros departamentos, regiones y municipios.
Otro de los asuntos que se repiten sin que se adopten las medidas definitivas, lo constituye la terminación de las obras del Jarillón del río Cauca ocupado por más de tres mil familias en la actualidad, pudiéndose constatar la existencia de 1.700 viviendas nuevas con las cuales la actual administración tendrá que iniciar una serie de procesos para atender dicha situación.
Han pasado 4 administraciones desde la época en que se inicia el proyecto sin que hasta la fecha hayan hecho lo suficiente para resolver este problema y proporcionarles a los ocupantes del Jarillón una solución adecuada a sus necesidades e intereses en materia de vivienda y de trabajo.
Dice el concejal Roberto Ortiz “la negligencia de las administraciones anteriores y la utilización de la contratación para pagar favores políticos, han demorado su terminación (de obras) y hace que la gente invadiera el Jarillón”.
Como consecuencia de estos hechos se corre el riesgo de que en cualquier momento se fracture el Jarillón, circunstancia que podría causar una catástrofe, que de acuerdo con la alcaldía comprometería más de 900 mil personas que se verían afectadas, además de los daños causados a la infraestructura física.
El reforzamiento del dique constituye una prioridad que debe atenderse a la mayor brevedad posible a fin de evitarse lo que podría calificarse como un “desastre anunciado” y teniendo en cuenta la situación económica y social de los ocupantes del Jarillón.
Tanto el desabastecimiento del agua para el consumo diario de los caleños como la ejecución de las obras del Jarillón, constituyen prioridades para la actual administración, que no puede eludir su responsabilidad so pretexto de no contar con los recursos financieros y técnicos para proceder de conformidad con estos hechos y solucionar dichos problemas que comprometen el interés general, el cual debe representar y defender la actual administración.
Una posible solución encaminada a reubicar a los ocupantes del Jarillón puede ser la de adjudicarles lotes-parcelas en los denominados ejidos de Navarro en donde pueden establecerse con cultivos de alimentos de pan coger contribuyendo de esta manera a la sostenibilidad alimentaria de los caleños y el mejoramiento del medio ambiente natural.
ADENDA: La Constitución de 1991 con su Estado Social de Derecho no ha logrado conjurar la crisis que se vive en la sociedad colombiana, la cual se debate en medio de la violencia y la desigualdad social y económica, en donde no se garantiza materialmente el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, de la democracia y del bienestar general. Y de ahí la necesidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa a la cual hizo referencia el presidente Petro durante la realización de la minga “Movilización por la Vida, el Territorio, la democracia y la Paz en Cali”.
Dicha convocatoria debe comprender el conjunto del pueblo colombiano, integrado no solo por las mingas indígenas, afrodescendientes, campesinos y trabajadores vinculados a los diversos sectores de la producción y de la economía de los servicios, sino por todos aquellos sectores pertenecientes a las capas medias que viven exclusivamente de su trabajo independiente del estrato socioeconómico en el que viven y sectores populares que se oponen a la dictadura de las clases dominantes.
