La tarea de regular el uso del territorio urbano y rural, constituye un gran compromiso de las autoridades distritales y en especial del Concejo que en última instancia tendrá que tramitar el nuevo proyecto de ordenamiento territorial que presente el alcalde de la ciudad, instrumento este que tendrá una vigencia de doce años que empezará a regir a partir del 2 de enero de 2026 hasta el año 2039.
La regulación del territorio debe tener como objetivos su armonización con la Constitución Política, El Plan Nacional de Desarrollo; el Sistema Nacional Ambiental, para lograr el uso equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural, garantizando que la utilización del suelo por parte de sus propietarios se ajuste a la función social de la propiedad y permita hacer efectivos los derechos constitucionales y legales a la vivienda digna y a los servicios públicos domiciliarios, la defensa del espacio público y protección del medio ambiente , para lograr el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.
Entretanto, continúa rigiendo el POT aprobado en el año 2014 y anulado por el tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca en 2024 que prorrogó su vigencia por 30 meses más en lo que podría calificarse como un fallo insólito, con el cual no solo se legaliza el desbordamiento del desarrollo físico y urbanístico de la ciudad y la utilización arbitraria del suelo urbano y rural, sino que con ello se causa un impacto negativo para el crecimiento y desarrollo en general de la ciudad. Circunstancia que ha sido aprovechada por grandes propietarios de tierras, urbanizadores y negociantes de propiedad raíz para obtener inmensas ganancias con la construcción de grandes complejos habitacionales y la expansión de diversidad de edificaciones con uso para el comercio y el aprovechamiento de la economía de los servicios, afectándose con ello el medio ambiente natural y las fuentes hídricas de los ríos que atraviesan nuestra geografía local y regional.
De esta manera no solo se violaron varias normas del plan de Ordenamiento Territorial -POT- sino que se incumplieron los objetivos y fines establecidos para el ordenamiento territorial, particularmente relacionados con el uso del suelo sujeto a un tratamiento racional y planificado del territorio, lo que por supuesto generó un verdadero caos urbanístico y de carácter económico y social.
Aunque todo esto ocurre con la complacencia del Concejo y de los alcaldes de turno, la actual administración del alcalde Eder considera que de lo que se trata con el nuevo plan de ordenamiento es “incluir el proceso de construcción conjunta de una norma que permita equilibrar los intereses, tanto de la vivienda como del desarrollo económico”, según indicó el actual director de Planeación Distrital, refiriéndose a cuestiones relacionadas con el uso irregular del espacio público por comerciantes, vendedores ambulantes y en términos que además afectan la convivencia y la tranquilidad de los ciudadanos.
El funcionario considera que el problema fundamental radica en que las normas del POT son de alguna manera obsoletas frente al desarrollo de la ciudad que creció en los últimos años. De ahí, la necesidad de atemperar dicho plan a los nuevos tiempos en que se han producido los cambios y transformaciones de la ciudad.
En este caso no se trata de desconocer los procesos de cambio y transformación de la ciudad con todos sus aspectos positivos pero también negativos, producto de la espontaneidad y de una visión que no tiene en cuenta el desarrollo económico, político y social de la ciudad, de lo cual son responsables las clases dirigentes (económica y políticamente dominantes) de la ciudad comprometidas con el desarrollo de una serie de proyectos como por ejemplo, el relacionado con el Plan de las 21 mega obras, y el desarrollo de nuevos complejos urbanísticos en el sur y en el oeste de la ciudad que comprometen la reserva natural del parque Los Farallones, su área de protección y con las fuentes hídricas que surten los acueductos de la municipalidad.
El nuevo Plan de Ordenamiento Territorial debe estar articulado con el Plan Nacional de Desarrollo en el cual se hace énfasis en la recuperación y conservación de las fuentes hídricas y de los efectos del cambio climático. En tanto, la ciudad de Cali se merece un verdadero Plan de Ordenamiento de su territorio acorde con las verdaderas necesidades e intereses que tienen los caleños en la conservación y utilización racional de su territorio. Así las cosas, el proyecto de revisión y ajuste de dicho Plan, debe ser objeto del análisis por parte de la mayoría de los caleños y no solo de la administración distrital y del Concejo a los cuales corresponde la elaboración del documento.
Desde la Veeduría consideramos que en las juntas de Acción Comunal se debe promover la realización de cabildos abiertos con el fin de enriquecer la discusión sobre este asunto prioritario que constituye un instrumento de planificación del territorio y de la posibilidad de utilizar el espacio público urbano y rural de manera racional y al servicio de toda la comunidad caleña y vallecaucana.
