La ciudad avanzó en empleo, pero enfrenta un año marcado por homicidios y una emergencia que dejó miles de familias afectadas.
Cali llega a septiembre de 2026 con un balance social de fuertes contrastes. Los indicadores disponibles para lo corrido del año muestran una ciudad con un mercado laboral más dinámico y una reducción importante de varios delitos contra el patrimonio, pero también con un aumento de los homicidios y una emergencia sísmica que modificó de manera abrupta las prioridades sociales. Como el año todavía no ha terminado, no existen aún cifras oficiales de cierre para pobreza monetaria y otros indicadores anuales; por ello, la lectura de 2026 debe hacerse con los datos más recientes disponibles.
El mercado laboral es uno de los puntos positivos. Durante abril-junio de 2026, Cali A.M. registró una tasa de desempleo de 8,4%, la más baja para ese trimestre desde 2007. La población ocupada aumentó en 39.100 personas, un crecimiento anual de 3,5%, mientras la informalidad bajó a 46,4%, equivalente a unos 533.000 trabajadores. El empleo formal creció 4,4%, por encima del 2,5% del informal. Sin embargo, casi uno de cada dos ocupados continúa en la informalidad, lo que mantiene abierto el reto de mejorar la calidad, estabilidad y remuneración del trabajo.
La seguridad presenta una evolución mucho más compleja. Entre enero y junio se registraron 544 homicidios, frente a 496 en el mismo periodo de 2025: un aumento del 10%. El dato contrasta con la reducción de otros delitos. El hurto a personas cayó 26%, al pasar de 8.783 a 6.518 casos; el hurto a comercio disminuyó 37%, el de residencias 17%, el de automotores 22% y el de celulares 34%. Además, las autoridades reportaron 3.913 capturas, 16% más que un año atrás, y decomisaron 2.264 kilogramos de estupefacientes, 19% más que en 2025. El gran desafío es lograr que la caída de los hurtos se traduzca también en una reducción sostenida de la violencia letal.
La educación muestra otra señal de alerta. En lo corrido de 2026, 1.560 estudiantes abandonaron el sistema educativo oficial de Cali. El 60,65% de los casos estuvo relacionado con cambios de residencia y 12,96% con cambios de país. Esto significa que la movilidad de las familias y las condiciones migratorias tienen un peso importante en la permanencia escolar. El indicador exige políticas de seguimiento territorial para evitar que los movimientos poblacionales terminen profundizando brechas educativas.
En salud, la presión sobre el sistema también es visible. La Secretaría de Salud de Cali reportó más de 1.780 quejas por barreras de acceso durante las primeras semanas de 2026, más de 6% por encima del mismo periodo del año anterior. Las dificultades para conseguir citas con especialistas, recibir medicamentos y acceder a procedimientos quirúrgicos concentraron buena parte de los reclamos. A esto se sumó el terremoto del 10 de agosto, que puso a prueba la capacidad de respuesta de la red sanitaria y de atención de emergencias.
El sismo se convirtió en el acontecimiento social más determinante del segundo semestre. Con corte al 30 de agosto, la Alcaldía reportó 32.882 familias inscritas como damnificadas y 46.798 familias evaluadas por daños y necesidades. De 1.335 edificaciones con diagnóstico especializado, 610 fueron clasificadas como no habitables, 350 como de uso restringido, 398 con colapso parcial y 24 con colapso total. También se habían retirado 66.293 toneladas de escombros. La emergencia dejó 154 fallecidos en Cali y obligó a mantener personas en alojamientos temporales, convirtiendo vivienda, recuperación económica, salud mental y reconstrucción en nuevos componentes centrales de la política social.
El balance de 2026, por tanto, no puede reducirse a una sola cifra. Cali mejora en empleo y logra reducciones importantes en hurtos, pero enfrenta una violencia homicida que volvió a crecer. La educación y la salud mantienen desafíos de acceso y permanencia, mientras el terremoto introdujo una nueva dimensión de vulnerabilidad social y territorial. El reto para el cierre del año será convertir la recuperación del empleo en bienestar, proteger a las familias afectadas por la emergencia y evitar que la violencia y las desigualdades territoriales borren los avances alcanzados.
