Gestión Jurídica habilita medidas para atender a damnificados del terremoto en Cali
Los decretos de calamidad pública y urgencia manifiesta permitieron acelerar contratos, servicios y acciones para atender la emergencia
El Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública de la Alcaldía de Santiago de Cali cumple una función principalmente jurídica dentro de la respuesta institucional al terremoto del 10 de agosto de 2026. Su participación no consiste en entregar directamente alimentos, agua, kits o elementos de primera necesidad a las familias damnificadas. Su trabajo está relacionado con la creación y aplicación de las herramientas legales que permiten a la Administración Distrital actuar durante la emergencia.
Después del sismo de magnitud 7,4, la Alcaldía declaró la calamidad pública y adoptó medidas especiales para responder a los daños registrados en la ciudad. Gestión Jurídica Pública participó en la estructuración de estas decisiones, entre ellas los decretos 0963 y 0964 de 2026, relacionados con la declaratoria de calamidad pública y urgencia manifiesta.
La urgencia manifiesta tiene un efecto directo sobre la capacidad de respuesta del Distrito. Permite adelantar de manera más rápida la contratación de bienes, servicios y obras necesarias para atender situaciones que no pueden esperar los tiempos habituales de los procesos administrativos. En el caso de Cali, esta herramienta fue utilizada para facilitar la atención de las afectaciones ocasionadas por el terremoto.
La función jurídica también está relacionada con la revisión de los actos administrativos y de los mecanismos de contratación que deben utilizar las diferentes dependencias de la Alcaldía. De esta manera, las secretarías y departamentos que tienen responsabilidades operativas pueden adquirir suministros, contratar servicios y ejecutar acciones dirigidas a la población afectada dentro del marco legal establecido para la emergencia.
Las ayudas materiales, sin embargo, son recibidas, almacenadas y distribuidas mediante los organismos encargados de la atención de la emergencia y la gestión del riesgo. De acuerdo con el balance publicado por la Alcaldía, hasta el 21 de agosto Cali había recibido más de 300 toneladas de donaciones destinadas a las personas afectadas por el terremoto. Una parte de estos recursos fue distribuida en las zonas con mayores afectaciones.
Posteriormente, la Administración informó que ya se habían entregado más de 363 toneladas de ayudas humanitarias después del sismo. La distribución alcanzó diferentes sectores afectados de Cali y también se extendió a 19 municipios del Valle del Cauca.
Entre los sectores de Cali que han concentrado acciones de atención se encuentran zonas como Capri, Los Cámbulos, el entorno del edificio Ana Pilar, la calle 5 con carrera 42, Cantabria y el sector del edificio Colores. En estos puntos se han desplegado servicios institucionales relacionados con orientación, protección de derechos y atención a las situaciones derivadas de la emergencia.
La respuesta jurídica también tiene relación con la protección de los derechos de las personas damnificadas. La emergencia produjo situaciones que requieren decisiones sobre contratos, arrendamientos, reclamaciones, seguros, uso de inmuebles y responsabilidades entre particulares. La Administración Distrital ha señalado la necesidad de contar con herramientas jurídicas y presupuestales para avanzar en la recuperación de la ciudad.
Uno de los asuntos planteados por la Alcaldía al Gobierno Nacional fue la posibilidad de congelar los cánones de arrendamiento en las zonas afectadas y permitir que alcaldes y gobernadores puedan entregar auxilios de arrendamiento a las familias damnificadas. Estas propuestas hacen parte de las medidas solicitadas para enfrentar las consecuencias económicas y habitacionales del terremoto.
La dimensión de la emergencia explica la necesidad de mantener este esquema jurídico. Al 24 de agosto, la Alcaldía reportaba 153 personas fallecidas, 1.657 heridas, 24 edificaciones colapsadas y 671 estructuras con algún tipo de afectación en Cali.
Mientras los organismos operativos realizan el censo de familias, evalúan viviendas, distribuyen ayudas y atienden las necesidades inmediatas, Gestión Jurídica Pública mantiene el componente normativo que permite ejecutar las decisiones del Distrito. El objetivo es que las actuaciones relacionadas con contratación, recursos públicos, atención de emergencia y recuperación se desarrollen bajo las disposiciones establecidas para este tipo de situaciones.
La recuperación de Cali después del terremoto entra así en una etapa en la que las decisiones jurídicas, presupuestales y administrativas tendrán un papel central. Gestión Jurídica Pública participa en ese proceso mediante la elaboración, revisión y aplicación de las herramientas legales que permiten al Distrito responder a la emergencia y avanzar hacia la recuperación de las zonas afectadas.
