Recién posesionado el presidente Petro, hizo un llamamiento a los gobernantes territoriales y a las oficinas de gestión del riesgo, para que empezaran a tomar las medidas necesarias conducentes a evitar tragedias y pérdidas humanas que el fuerte invierno con el fenómeno de la Niña generaría.
Sin embargo, la administración caleña no se preparó para estos eventos cuya solución es integral en la medida en que varias secretarías tenían la obligación legal de realizar acciones tendientes a garantizar que los torrenciales aguaceros no desbordaran la capacidad de la ciudad. EMCALI, el DAGMA, infraestructura; Gestión del Riesgo entre otros , no cumplieron sus obligaciones
Las medidas adoptadas por la secretaría de gestión del riesgo, dirigidas a mitigar los efectos negativos causados en este caso por el aumento de las lluvias durante este primer trimestre del año en curso, afectándose con ello varios barrios de la comuna 2 y de la zona de ladera, muy poco han servido para evitar las emergencias que se han presentado y que de tiempo en tiempo se repiten sin que haya sido posible hasta el momento mitigar sus efectos, en tanto no se ejecutan las obras necesarias y urgentes como tampoco se realiza el mantenimiento adecuado de los sumideros, canales y desagües por donde corren las aguas lluvias que inicialmente se concentran en la parte alta de la ciudad.
Entretanto, las obras pendientes por ejecutar se aplazan indefinidamente a la espera de que se cumpla con la infinita tramitología y las formalidades legales y procedimentales tal como viene sucediendo por ejemplo, con la ejecución de las obras en la zona norte de la ciudad en el sector de Bataclán, Santa Mónica, Centenario, Granada, Chipichape, las cuales según se dice por parte de la secretaría de la Gestión del Riesgo tan solo se terminarán para el primer semestre de 2025.
El hecho real es que la actual administración del alcalde Eder a través de la secretaría de la Gestión del Riesgo y del DAGMA en concurrencia con la C.V.C., solo aparecen a la luz pública cuando se producen las emergencias generadas con los cambios climáticos, a la vez que se gasta la mayor parte del tiempo en estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseños de los proyectos, que incluso en muchos casos son abandonados por falta de recursos o porque finalmente nunca se terminan, en medio de los cuales ocurren los desastres naturales que generan toda clase de daños y calamidades que hubieran podido evitado en su debido tiempo tal como sucede con las inundaciones y deslizamientos de tierras que se presentan con frecuencia en la ciudad.
A lo anterior se suma la carencia de los recursos económicos para financiar las obras de mitigación, lo cual se constituye en un factor determinante para su no ejecución y que por diversas razones se dilata en el tiempo para darle paso a la ejecución de una serie de planes y programas de obras de infraestructura en las cuales tienen interés grandes propietarios y urbanizadores que conjuntamente con la administración les imprimen un carácter prioritario, a costa de que los habitantes de las zonas de riesgo o propicias a soportar los efectos de las inundaciones y deslaves de los cerros, tengan que sufrir las consecuencias de dichas políticas que privilegian los intereses privados por encima del interés general de los habitantes de la ciudad de Cali.
Desde la Veeduría que representamos demandamos del Concejo Distrital realizar una sesión especial para tratar este asunto a la mayor brevedad posible, con participación de los representantes de la comunidad afectada con estos fenómenos naturales, además del control político que deberá hacerse para establecer las responsabilidades del caso y solicitar el relevo de aquellos funcionarios que no están a la altura de su cargo y cumplimiento de sus funciones públicas; por no prever lo previsible en este caso de reiterada ocurrencia en la ciudad.
Así mismo, exhortamos a los ciudadanos caleños a pronunciarse sobre la necesidad y urgencia de ejecutar cuanto antes las obras de mitigación que se requieren en estos momentos en que de acuerdo con los pronósticos lo más probable es que se incrementen las lluvias durante este primer semestre del año, lo que obliga a las autoridades a tomar las medidas del caso para mitigar los hechos naturales que se presentan en interés de la comunidad caleña.
Finalmente, recomendamos que en las reuniones que se realizan para definir los términos del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial -POT-, es menester que se discutan y analicen temas relacionados con el medio ambiente natural, el futuro del agua, los efectos del cambio climático, con lo cual se vislumbre una visión ligada con la realidad que se está viviendo en las actuales condiciones y circunstancias en desarrollo de los cambios en todas sus formas y modalidades.
ADENDA: En el estudio del proyecto de acuerdo 034 de 2025 “Por el cual se modifica el Acuerdo No.0591 de 10 de diciembre de 2024 y se expide el Presupuesto General de Rentas y Recursos de capital y apropiaciones para gastos del Distrito de Santiago de Cali, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y 31 de diciembre del año 2025 y se dictan otras disposiciones”, la participación ciudadana en su inmensa mayoría se limitó a solicitar su aprobación, sin que existiera una verdadera motivación diferente a la satisfacción de necesidades de algunos barrios y comunidades, entretanto dichos recursos no se aplicarían para resolver los problemas concretos de la ciudad, los cuales se aplazan de manera indefinida afectando la calidad de vida de todos los caleños que exigen que los recursos públicos producto del endeudamiento se destinen para resolver prioritariamente problemas como el futuro del agua en Cali, el déficit cualitativo y cuantitativo en vivienda, la prestación de los servicios públicos, el desempleo, la inseguridad, etc., atacando las reales causas que los generan.
El aparente cumplimiento de las exigencias legales expresadas en las certificaciones que los departamentos de Hacienda y Planeación expidieron, no deben ser el punto central para aprobar el acuerdo, pues lo primero que los concejales deben examinar es la ilegalidad que se presenta en este proyecto y en segundo lugar, la inconveniencia por los costos- beneficios económicos, sociales, ambientales, urbanísticos, etc., derivados de los megaproyectos que se pretenden ejecutar que les dejarán grandes ganancias a los constructores, urbanizadores, terratenientes, sector financiero, cadena de la construcción, en tanto que a la ciudad le quedarán más problemas económicos, sociales, ambientales, escasez de agua, y la “expropiación legalizada” con los abusivos avalúos catastrales que serán la base para el inequitativo e injusto impuesto predial que les garantiza a la administración municipal y al fisco municipal lograr incrementar los ingresos que permitirán pagar la exorbitante deuda pública. Los ciudadanos que viven de su trabajo ayudando con el impuesto predial de su vivienda a hacer más ricos a quienes se han enriquecido durante décadas con las políticas estatales en vivienda.
