La recuperación de la ciudad de Cali se ha convertido en una frase utilizada en la campaña electoral del otrora candidato a la alcaldía Alejandro Eder, conjuntamente con la consigna de lograr la reconciliación de los caleños y recuperar a Cali entre todos del estado de postración en que se encuentra agravado por la inseguridad, el alarmante crecimiento del desempleo y la informalidad.
No obstante, han transcurrido 13 meses después de que el mandatario tomó posesión de su cargo sin que el estado de cosas hubiese cambiado, entretanto continúan los discursos del alcalde y de algunos funcionarios de la administración que anuncian con bombos y platillos que muy pronto se recuperará por ejemplo, el centro de la ciudad y que igualmente se hará lo propio con el transporte masivo MIO, mientras tanto los habitantes de los barrios cercanos y vecinos a la galería de Santa Elena se cansaron de esperar una solución a los problemas que reviste el sector sumido en el caos, la anarquía y la inseguridad, que lleva décadas sin que se tomen las medidas necesarias para resolver los problemas que allí se presentan.
Temas como la movilidad, la inseguridad, la recuperación del espacio público y del medio ambiente natural particularmente de nuestros ríos tutelares, se han convertido en asuntos prioritarios para los caleños que hoy no creen en las promesas de la actual administración, empeñada en resolver otros problemas de mayor o menor importancia para la comunidad caleña.
Entretanto, el señor alcalde aprovecha el tiempo de su mandato para suscribir infinidad de contratos de manera directa o mediante licitaciones con un solo oferente para un total de 27.000 contratos firmados entre el mes de enero a diciembre de 2024.
El monto de la contratación directa del alcalde Eder asciende a casi un billón de pesos (926.408 millones de pesos), siendo en su gran mayoría contratos de prestación de servicios -PS-, con lo cual se hace cada vez más evidente la tendencia de la administración a contratar personas calificadas por la opinión pública como parte de la clientela electoral, mientras la burocracia se limita a publicitar a través de los medios de comunicación ciertas tareas relacionadas con el cumplimiento de algunos de los objetivos y fines contenidos en el plan de desarrollo, que de acuerdo al balance realizado hasta el momento no es suficiente y necesario para evitar las quejas de los ciudadanos que muy poco creen en la gestión de la actual administración.
Lo preocupante de esta situación es que los caleños no saben en fin de cuentas en qué se invertirá el empréstito de los 3.5 billones de pesos que el Concejo distrital le aprobó recientemente al alcalde para realizar obras que comprometen el futuro de la ciudad desde el punto de vista presupuestal y fiscal.
En este momento se impone la necesidad de que los caleños le exijan al alcalde Eder explicaciones sobre el alcance de las políticas respecto de sus verdaderos objetivos y beneficios que se dice traerán a la ciudad y a sus habitantes y con los cuales la administración se comprometió.
El alcalde Eder no debe olvidar que la Constitución Política de Colombia en su artículo segundo le impone al gobernante la obligación de garantizarle a los ciudadanos el derecho a participar en todos aquellos asuntos de interés general que los afectan directa o indirectamente en sus intereses económicos, políticos, sociales, culturales, ambientales, etc. Circunstancia que no podrá pasar por alto sin vulnerar el orden jurídico que siempre está por encima de la voluntad del gobernante de turno.