Democracia electorera

Por Luz Betty Jime… el Sáb, 28/01/2017 - 10:56am
Edicion
301

Por Luz Betty Jiménez De Borrero  / Pablo A. Borrero V.

Los nuevos comisionados encargados de preparar la reforma del sistema electoral y en especial de elaborar el estatuto de la oposición conforme lo ordenan la Constitución y los acuerdos de La Habana (Cuba), tendrán que enfrentarse a todos los problemas que conlleva la implementación de un nuevo sistema electoral mediatizado por la lucha competitiva de los partidos y movimientos políticos que buscan acceder al poder del Estado o consolidarse en el.

En este caso se trata además de salirle al paso a las prácticas ilegales y corruptas de la compra de votos, la intimidación a los sectores de oposición, el fraude electoral, la intervención de funcionarios del estado en los resultados electorales, la injerencia de los contratistas del Estado en las campañas electorales y la financiación de las mismas por parte de algunos grupos económicos que destinan grandes sumas de dinero en favor de los candidatos del establecimiento.

En este sentido está claro que la financiación parcial o total por el Estado de las campañas electorales poco o nada servirá para impedir la contaminación de los comicios electorales con dineros legales o de difusa procedencia, con los cuales, incluso se sobrepasan los topes autorizados por la autoridad electoral, demostrando su incapacidad para ejercer un control efectivo en este caso.

Ahora bien, desde el punto de vista de la mecánica electoral se impone la necesidad de introducir una serie de cambios al viejo estatuto electoral, que además de obsoleto no constituye ninguna garantía para el ejercicio de los derechos políticos, particularmente de los partidos y movimientos de oposición a los gobiernos de turno o al régimen político existente en su conjunto.

Algunas de las propuestas que se ventilan en el seno de la citada comisión tienen que ver por ejemplo con la eliminación del voto preferente, la creación de una circunscripción especial de minorías y otra de paz para acceder al Senado de la República. Igualmente se discute la posibilidad de reducir el umbral para acceder a los cargos de representación en el Congreso de la República y a tener un estatuto de la oposición que garantice los derechos y deberes de las organizaciones políticas.

Conjuntamente con estas iniciativas se propone reformar la Registraduría y el Consejo Electoral, sustituyendo este último por un organismo técnico con funciones administrativas y judiciales en materia electoral, con el cual se pretende garantizar la independencia y autonomía del poder electoral frente al poder económico y político de alcaldes, gobernadores, presidente, congresistas, grupos económicos de presión, parapolíticos, etc., lo cual por supuesto no deja de ser más que una ilusión en medio de la democracia electorera que caracteriza la participación política electoral en el país.

Lo anterior no significa en modo alguno que los sectores democráticos y progresistas no combatan abiertamente la politiquería y la corrupción y exijan transparencia y garantías para el ejercicio de la función electoral en favor de los electores que participan en la contienda electoral. Para ello será necesario e indispensable que dichos sectores políticos y sociales actúen con firmeza y en unidad de acción en contra de los caciques y gamonales de la vieja y nueva politiquería, los parapolíticos aliados con los paramilitares y funcionarios del Estado que se valen de su poder y de toda clase de artimañas para adulterar los resultados electorales.

Por otra parte habrá que estar atentos y esperar a que se conozca el contenido de la citada reforma para ver si se ajusta a la nueva realidad política y electoral que empiezan a vivir los colombianos con la implementación y desarrollo de los acuerdos de La Habana, en un país en donde el debate electoral ya no girara simplemente en torno al paradigma de la guerra o de la paz que incidió en la vida política durante varias décadas, y que finalmente tenderá a desvanecerse dando lugar a la discusión de otros asuntos como la corrupción que puede convertirse en una cortina de humo para encubrir los verdaderos problemas del pueblo en materia económica, política, social, jurídica, ambiental, etc.

Con todo lo que nos augura el presente y futuro de la política, el compromiso de las fuerzas democráticas y progresistas consistirá en derrotar las propuestas neoliberales que han sustituido en la práctica las ideas y el pensamiento democrático, presentando nuevas propuestas e iniciativas de cambio ligadas estrechamente a los intereses y necesidades comunes de la sociedad, el pueblo colombiano y de todos y cada uno de los ciudadanos que son explotados, excluidos y discriminados política y socialmente.

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