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Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Para el gobierno del presidente Duque como para las organizaciones gremiales de empresarios y comerciantes (ANDI; FENALCO; ANIF), lo fundamental en este momento de crisis económica y sanitaria es continuar abriendo la economía para lograr según se dice la recuperación de la actividad productiva, el comercio y los servicios.
En el fondo, de lo que se trata es de facilitar la realización de un inmenso volumen de mercancías que hoy se ofrecen en el mercado a los consumidores cuya capacidad de compra se ve estimulada con el no cobro del IVA para adquirir determinados bienes, productos y servicios.
En todo esto el Estado colombiano juega un papel muy importante irrigando varios billones de pesos en el torrente financiero como ayudas a los hogares mas vulnerables y a un número indeterminado de empresarios y comerciantes con el fin de facilitarles sus ventas y además dotar de capacidad de compra a los consumidores, en lo que se podría calificar como toda una jornada desbordada de consumismo promovido desde los medios de comunicación en donde pautan los empresarios y comerciantes de todo el país.
Y de ahí que dichos grupos de interés consideren que el Estado debe continuar proporcionando los recursos que sean necesarios para palear la crisis durante el tiempo que dure la pandemia y no se puedan levantar totalmente las restricciones y limitaciones relativas al aislamiento individual y colectivo para evitar la propagación del virus.
Por otra parte la entrega de los subsidios a las empresas y ayudas a los trabajadores formales e informales no tienen un carácter indefinido, en tanto que los recursos para financiarlos sí tienen un carácter limitado y en general se cubren con el crédito que conduce a un mayor endeudamiento de las finanzas públicas, cuyo costo se traslada vía impuestos a los sectores medios y populares, empobrecidos en gran medida con la pérdida de sus trabajos y disminución de sus ingresos, la quiebra de sus negocios y el cierre de sus pequeñas y medianas empresas, los costos de la inflación que elevarán los precios de los productos de la canasta familiar y por supuesto, los efectos perniciosos de la crisis sanitaria del coronavirus.
Ya se habla desde algunos sectores económicos y políticos de la necesidad de aprobar cuanto antes una nueva reforma tributaria para atender el enorme déficit fiscal, producto de los mayores gastos del Estado y la reducción significativa de sus ingresos que limitará sustancialmente su capacidad de crédito a nivel internacional, agravándose más la situación económica y financiera del país.
Así mismo se plantea la urgencia de aprobar varias reformas en materia laboral, pensional y de salud, pues de no implementarse a la mayor brevedad posible se podría generar una gran catástrofe fiscal y monetaria que haría imposible cumplir con el pago de las mesadas a los pensionados de los fondos de pensiones y de los subsidios en favor de los afiliados a la Seguridad Social.
Un capítulo aparte lo constituye la dificultad de mantener los programas sociales (familias en acción, adulto mayor, ingreso solidario, etc.), en medio de la crisis económica que será más profunda y devastadora que otras sucedidas anteriormente.
Ahora bien, con la reactivación de la economía los empresarios y comerciantes sobrevivientes de la crisis económica reanudarán la producción y los negocios volverán a los niveles anteriores o serán ampliamente superados hasta llegar a los limites impuestos por una nueva crisis económica, financiera, cambiaria, etc. Mientras tanto para la sociedad y en particular para quienes viven del trabajo el panorama socio-económico será más difícil en la medida en que tendrán que soportar la pérdida de sus puestos de trabajo con un mayor desempleo y empobrecimiento generalizado, situación que no tendrán que soportar los integrantes de las clases y grupos económicos y políticos que viven de las rentas de capital e incluso se aprovechan de la crisis para incrementar sus ganancias con la adquisición de las empresas quebradas, la disminución de los salarios a sus trabajadores y el empeoramiento de las condiciones laborales de dichos trabajadores.
En medio de este panorama económico y social se han puesto en peligro los derechos y libertades de los ciudadanos con la implementación de un nuevo sistema de “orden y mando” que será necesario enfrentar con decisión y valentía para impedir que la poca democracia existente sea arrasada por el autoritarismo de las clases dirigentes llevando al país y a los ciudadanos a un retroceso económico, político y social.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social
