El plan de desarrollo municipal demanda de un nuevo enfoque

Por Luz Betty Jime… el Sáb, 25/04/2020 - 9:00pm
Edicion
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Todo esto coloca sobre el tapete la legitimidad del plan y su propia legalidad que obliga a las autoridades a garantizar a los ciudadanos este derecho fundamental constitucional

Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.


 

La irrupción de la pandemia del coronavirus en buena parte del territorio nacional ha coincidido con el momento en que los alcaldes recién posesionados daban a conocer su visión sobre el plan de Desarrollo, que inicialmente debió ser evaluado por el Consejo Territorial de Planeación para luego pasar al Concejo Municipal en donde se debe dar un amplio debate con participación de los ciudadanos antes de ser aprobado por la corporación edilicia durante el mes de Mayo.

Aunque algunos los Concejos Municipales tendrán que avocar su conocimiento una vez sean presentados a su consideración, el hecho real es que debido a las circunstancias relacionadas con la pandemia del COVID-19, su discusión se hará a través del sistema de video-conferencias, impidiendo la discusión con la ciudadanía que debe de participar en la misma aportando nuevas observaciones en torno a la visión que tienen los alcaldes sobre los objetivos y fines en materia de desarrollo económico y social.

Todo esto coloca sobre el tapete la legitimidad del plan y su propia legalidad que obliga a las autoridades a garantizar a los ciudadanos este derecho fundamental constitucional.

Por otra parte está claro que el nuevo Plan de Desarrollo debe contener una nueva visión acorde con las condiciones y circunstancias que viven los ciudadanos con ocasión de la crisis económica y sanitaria que ha sacudido el estado de pobreza y miseria en que vive el pueblo caleño.

Así las cosas, hoy más que nunca se impone la necesidad de reformar el Plan presentado por el alcalde Ospina que por lo demás contiene una visión acomodada a los intereses y necesidades de un sector económico y social que tradicionalmente ha venido usufructuando de ciertas prerrogativas, particularmente relacionadas con la ejecución de ciertos proyectos de infraestructura vial, transporte, servicios públicos y construcción de complejos urbanísticos habitacionales y comerciales, que han dejado problemas en materia urbanística, vial, de movilidad, servicios públicos y ambientales, etc.

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A lo anterior se suma el estado de las finanzas públicas con una deuda calculada en más de 500 mil millones de pesos con el sector financiero, repitiéndose la historia de hace más de 20 años

A lo anterior se suma el estado de las finanzas públicas con una deuda calculada en más de 500 mil millones de pesos con el sector financiero, repitiéndose la historia de hace más de 20 años que condujo al municipio a someterse a la ley de “saneamiento Fiscal” debido al gran endeudamiento y a la falta de capacidad para atender el funcionamiento, el gasto social y la inversión pública.

Igualmente resulta preocupante el hecho de que las autoridades municipales privilegien como alternativa de solución de los problemas de la ciudad y de los caleños la economía de los servicios, dejando de lado otros aspectos esenciales del desarrollo económico y social, circunstancia que por lo demás ha demostrado su fragilidad en tiempos de la pandemia, acabando con el poco empleo e ingresos de cientos de caleños que hoy deben apelar a las ayudas del Estado o dedicarse a la mendicidad para poder sobrevivir en medio de la crisis. Ahora mismo propietarios de casas, apartamentos y de negocios, no podrán cumplir con el pago de los impuestos municipales de PREDIAL y de INDUSTRIA Y COMERCIO, circunstancia que además afectará la fuente de recursos del municipio con detrimento del gasto social y de la inversión pública que se verán afectados y sujetos a la práctica nefasta de los sobrecostos de las obras presupuestadas y contenidas en el Plan de Desarrollo.

Y de ahí la urgente necesidad de priorizar los objetivos y finalidades del Plan de Desarrollo acordes con las necesidades e intereses de todos los caleños. No más Planes de Desarrollo ordenando la ejecución de obras monumentales y faraónicas con las cuales algunos alcaldes pretenden pasar a la historia en un afán desmedido porque se les “rinda culto a su personalidad”; proyectos estos que demandan de ingentes recursos financieros que en última instancia salen de los bolsillos de los contribuyentes que no reciben ningún beneficio real en estos llamados “desarrollos”.

Los Planes de Desarrollo no pueden convertirse en una simple extensión de las políticas urbanísticas ya que su objetivo principal consiste en satisfacer las necesidades y demandas de los ciudadanos en materia económica, social, cultural, deportiva, turística, además de lograr la conformación de una ciudad sustentable y sostenible, objetivos que no contiene el Plan de Desarrollo del alcalde Ospina, el cual debe estar articulado con los Planes de Desarrollo del departamento y de la Nación, que también tendrán que ser objeto de reformas y ajustes en medio de la crisis económica y sanitaria, cuyos efectos previsibles e imprevisibles conllevan a replantear su contenido y la posible eficiencia y eficacia de los programas en materia de vivienda, salud, educación, recreación, cultura y deporte contenidos en los planes respectivos.

Lo expuesto significa que todos aquellos proyectos y programas relacionados con Cali Distrito Especial deben ser aplazados en tanto deben terminarse por ejemplo, la obras faltantes de las 21 mega-obras, el proyecto de Renovación Urbana del centro de la ciudad conocido como Ciudad Paraíso en donde se tiene proyectada la construcción de más de 4.000 apartamentos por parte de empresarios y comerciantes que se encuentran al acecho de consolidar un negocio que les proporcionará grandes ganancias, y al cual deben de introducírsele reformas encaminadas a satisfacer primordialmente las demandas de la población residente en materia de vivienda y locales para negocios.

Igualmente resulta indispensable que la administración retome el plan del Jarillón del Río Cauca y solucione en forma definitiva la situación de sus habitantes, muchos de los cuales fueron expropiados sin las debidas compensaciones, en tanto que otros se encuentran a la espera de ser desalojados del sector sin ninguna consideración.

El plan de manejo del sector rural que comprende el 70% del territorio del municipio de Cali, demanda de un nuevo tratamiento dentro del Plan de Desarrollo relacionado con la defensa de los bienes baldíos de la Nación cedidos al Municipio, la conservación de la reserva forestal y de las fuentes hídricas de los ríos que nutren los acueductos veredales y municipales, que hoy son objeto de la minería ilegal, la deforestación y el urbanismo que atentan contra el medio natural despojando a los campesinos de sus predios e impidiendo que se pueda planificar una agricultura sostenible con productos que garanticen la seguridad alimentaria de sus habitantes y de la ciudad de Cali.

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Por lo demás, obras como la construcción de la vía alterna al mar deben aplazarse debido a su complejidad y costos financieros que el municipio no está en capacidad de sufragar

Entre los proyectos que tiene en mente el alcalde Ospina como el de la construcción del parque tecnológico en el antiguo predio del Club San Fernando, sería preferible construir una clínica especializada en el tratamiento del Cáncer y de enfermedades infecciosas, que podría financiarse a partir de la constitución de un fondo social con recursos de la Nación, el departamento y del Municipio de Cali y donaciones del sector privado, la cual traerá grandes beneficios para la población caleña.

Por lo demás, obras como la construcción de la vía alterna al mar deben aplazarse debido a su complejidad y costos financieros que el municipio no está en capacidad de sufragar.

Aunque los planes de Desarrollo constituyen una herramienta valiosa de PLANIFICACION, en las condiciones de la sociedad capitalista tan solo tienen un carácter indicativo para el sector privado en tanto que son obligatorios para el sector público, lo que hace mas compleja su efectividad, al tiempo que las alianzas público privadas convertidas en instrumento para el logro de ciertos objetivos no podrán reducirse a la simple contratación oficial de obras si antes no se fortalece el sector público y sus fuentes de ingresos como su capacidad de controlar el desarrollo de las obras, sus costos y evaluar sus resultados conforme a los objetivos y finalidades del plan de Desarrollo Económico y Social.


Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social

El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social

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