¿Uribe, es un perseguido político de la CSJ?

Por Redaccion el Sáb, 10/10/2020 - 11:21am
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494

Redacción

La juez 30 de control de garantías de Bogotá, Clara Ximena Salcedo, a quien le correspondió definir la libertad del ex presidente Álvaro Uribe ,  reanudó  la audiencia calificando como destinados los cuestionamientos realizados por la Fiscalía a la diligencia de interrogatorio al expresidente Uribe, que para ella desviaron la atención del debate en el juzgado , como  era definir la petición de libertad hecha por la defensa del ex mandatario colombiano. La juez avaló los precedentes llevados por la Fiscalía a la audiencia sobre la posibilidad de hacer una armonización entre el viejo y el nuevo sistema, el caso en la Corte Suprema se llevaba bajo el viejo sistema y ahora con su paso a la Fiscalía se empezará a llevar por el nuevo sistema, concediendo la libertad al encartado ex mandatario. Pero el debate nacional e internacional comienza, si fue la detención arbitraria, injusta y si es un perseguido de la Corte Suprema de Justicia.

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La juez 30 de control de garantías de Bogotá

Clara Ximena Salcedo juez, precisó y al contrario a lo que dijeron las víctimas acreditadas que no se puede equiparar la indagatoria en el viejo sistema y la imputación de cargos en el nuevo sistema; la libertad de una persona en el nuevo sistema sólo se puede dar después de la imputación de cargos. Y quien decide si priva de la libertad a alguien es un Juez a petición de la Fiscalía…..equiparar la indagatoria y la audiencia de imputación afecta el debido proceso y el mismo proceso…. se deben dar garantías al investigado y que su decisión no es arbitraria ni caprichosa…..al pasar de sistema el proceso, la investigación quedó en cabeza de la Fiscalía que debe avanzar en las pesquisas que le permitan llegar a la decisión de imputar o no cargos al ex presidente Uribe…. no se le puede exigir a la Fiscalía que presente un escrito de acusación sobre un proceso que está conociendo…. que no es posible, constitucionalmente, ni admisible equiparar la indagatoria a la imputación de cargos.

La juez llegó a la conclusión que permite establecer que no es posible mantener la medida de aseguramiento del expresidente Uribe….. la privación de la libertad es distinta en los dos sistemas y que tampoco se pueden equiparar…. incluso en el nuevo sistema hay otras medidas no privativas de la libertad, contrario al viejo sistema.

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Del  volumen de aseveraciones sobre el proceso adelantado en la CSJ, por parte del fiscal delegado ante la corte, Gabriel Ramón Jaimes Durán

La primera parte de la audiencia del jueves

Los representantes de la defensa, la  Fiscalía ,  la Procuraduría y las victimas  conceptuaron sobre  la libertad inmediata del  ex presidente Álvaro Uribe Vélez en el proceso por soborno y fraude procesal, donde la Fiscalia y la Procuraduria solicitaron cumplir las normas y dejar en libertad al encartado ex mandatario.

Del  volumen de aseveraciones sobre el proceso adelantado en la CSJ, por parte del fiscal delegado ante la corte, Gabriel Ramón Jaimes Durán, se inicia un debate en Colombia si  el ex presidente fue o es  un perseguido político. Con precisión señaló que  se afectó  el debido proceso y se registraron  vulneraciones al ordenamiento legal, hay omisiones que dificultan el derecho a la defensa y la diligencia realizada en la Corte no contiene con rigor los hechos jurídicamente relevantes, y menos de una manera organizada y concatenada que nos permita calificar el desarrollo de esa diligencia como una forma clara y sucinta de transmisión de una información suficiente para que el indagado y su defensa activen sus derechos, en particular el derecho a defenderse.

Fue más allá y dijo” Entre las omisiones se encuentra que no se dijo con claridad el alcance de los señalamientos en cuanto a la autoría o participación de Uribe Vélez en los hechos investigados” ; precisó que “  Nunca se le puso de presente al procesado ni el carácter de imputación como determinación, ni su modalidad ni circunstancias. Razones que sirvieron de acopio al momento de resolver la situación jurídica del procesado para imponerle medida de aseguramiento” y como si fuera poco conceptuó : “En la indagatoria hay una mínima precisión frente a los delitos que se le enrostraron” al investigado “lo que contraviene la legalidad y dificulta el derecho a la defensa……… La indagatoria fue desordenada y no hubo claridad sobre la calidad de delito por el que estaba siendo investigado”.

Concluyó: “El proceso debe seguir en la etapa de investigación y dejar sin efecto el acto de definición de la situación jurídica otorgando la libertad a Uribe… La investigación no parte de cero……..no habrá impunidad, habrá justicia y habrá derecho y  seguirán examinando las evidencias que en su momento recolectó la Sala de Instrucción de la Corte Suprema”.

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El tema es de la mayor complejidad y se debe resolver con toda la rigurosidad en temas de garantías procesales y teniendo en cuenta las consecuencias sobre el proceso y las partes

Las precisiones del fiscal delegado ante la corte, Gabriel Ramón Jaimes Durán

Pidió que el caso se mantenga en el campo judicial y legal y no en lo político, para que se resuelva "lo que en derecho corresponda".

“Hay que resolver cómo preservar el ordenamiento judicial al realizar el cambio de un sistema penal a otro, pues la misma normatividad no da esa claridad y se debe acudir a la interpretación que han dado los mismos jueces( CSJ)”.

 “El tema es de la mayor complejidad y se debe resolver con toda la rigurosidad en temas de garantías procesales y teniendo en cuenta las consecuencias sobre el proceso y las partes”.

“ El caso pasó de la Corte Suprema a la Fiscalía en una etapa avanzada y ya en el alto tribunal se había resuelto la situación jurídica del procesado.. en la Fiscalía el proceso siguió en etapa de investigación”.

“Las actuaciones realizadas por la Corte Suprema de Justicia en el caso Uribe son válidas y se tomaron en el marco de su competencia…. las diferencias entre la imputación de cargos en el nuevo sistema y la indagatoria en el viejo esquema ..no se pueden equiparar”.

"No es lo mismo y no se puede decir que es lo mismo la indagatoria y la imputación de cargos….. en el primero apenas se está investigando y en el segundo ya hay todo un trabajo investigativo que ha permitido llegar a conclusiones sobre la presunta responsabilidad del procesado.”

“Hemos empezado a revisar el caso y hemos  encontrado circunstancias que permiten concluir que la forma de vinculación realizada afecta el debido proceso y se registran vulneraciones al ordenamiento legal.

“En la indagatoria realizada en la Sala de Instrucción (CSJ ) se hace referencia a un hecho penal pero que hay omisiones que dificultan el derecho a la defensa”.

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Entre las omisiones se encuentra que no se dijo con claridad el alcance de los señalamientos en cuanto a la autoría o participación de Uribe Vélez en los hechos investigados

“Más allá de las diferencias entre la imputación y la indagatoria, se detectó que la diligencia realizada en la Corte no contiene con rigor los hechos jurídicamente relevantes, y menos de una manera organizada y concatenada que nos permita calificar el desarrollo de esa diligencia como una forma clara y sucinta de transmisión de una información suficiente para que el indagado y su defensa activen sus derechos, en particular el derecho a defenderse”.

“Entre las omisiones se encuentra que no se dijo con claridad el alcance de los señalamientos en cuanto a la autoría o participación de Uribe Vélez en los hechos investigados”.

“Nunca se le puso de presente al procesado ni el carácter de imputación como determinación, ni su modalidad ni circunstancias. Razones que sirvieron de acopio al momento de resolver la situación jurídica del procesado para imponerle medida de aseguramiento”.

“Tal aspecto resulta de gran trascendencia desde la perspectiva del debido proceso en exigencia constitucional y legal desde el derecho a la defensa…………en la indagatoria hay una mínima precisión frente a los delitos que se le enrostraron” al investigado “lo que contraviene la legalidad y dificulta el derecho a la defensa”.

“No se le puso en conocimiento a Uribe Vélez la posibilidad de confesión o sentencia anticipada o alguno de los mecanismos para la terminación anticipada de los procesos”.

“La indagatoria fue desordenada y no hubo claridad sobre la calidad de delito por el que estaba siendo investigado”.

El debido proceso es un derecho humano que está en la ley y en la declaración Universal de los derechos humanos y su respeto legítima la acción del Estado

La indagatoria se realizó el 8 de octubre de 2019 y desde allí se debió garantizar un tiempo razonable pare el derecho a la defensa, pero por el cambio de sistema eso no ha sido posible……. esas situaciones detectadas podrían generar un riesgo de nulidad…”.

 “El documento de más de 1.500 páginas en el que se resolvió la situación jurídica no se puede considerar una imputación de cargos al no cumplir con el requisito de “contenido respecto de un relato claro y sucinto de los hechos para ser transmitidos de forma puntual para que el receptor de las mismas quede vinculado al proceso”.

“El sistema judicial debe responder a las víctimas y su petición de verdad y justicia, pero que esto no puede afectar el debido proceso y poner en riesgo al proceso de nulidades futuras”.

"El debido proceso es un derecho humano que está en la ley y en la declaración Universal de los derechos humanos y su respeto legítima la acción del Estado”. 

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En la audiencia le fue concedida la libertad al expresidente Álvaro Uribe Vélez, procesado por presunta manipulación de testigos

La Procuraduría representada por  la procuradora María L. Hernández apoyó la libertad

Cerrando  la audiencia intervino la Procuraduría que consideró que no son compatibles la audiencia de imputación y la indagatoria en el viejo sistema, “la medida de aseguramiento ordenada por la Corte Suprema perdió vigencia  y no puede seguir activa en el nuevo sistema… ante la renuncia de Uribe al Senado y la pérdida de competencia de la Corte Suprema, la decisión de su libertad tendría que resolverla un juez de control de garantías luego de la audiencia de imputación de cargos…Indicó que se le debe garantizar el derecho al debido proceso y en ese sentido tendría que quedar en libertad…la Fiscalía debe seguir investigando los hechos. 

Concedida la libertad y el debate comienza

En la audiencia le fue concedida la libertad al expresidente Álvaro Uribe Vélez, procesado por presunta manipulación de testigos y fraude procesal. Junto a los argumentos del abogado defensor Jaime Granados, que pidió la libertad inmediata, apareció la posición de la Fiscalía y la Procuraduría, quienes alegaron que se debería otorgar el beneficio a Uribe por falta de compatibilidad entre la ley 600 que rige los procesos en la Corte Suprema, y la ley 906 para la justicia ordinaria, y no se podía considerar que la indagatoria que rindió Uribe ante la Corte Suprema de Justicia fuera igual a una imputación de cargos, porque rompería el derecho al debido proceso.

Con los argumentos de la Fiscalía, no refutados suficientemente por las víctimas, comienza eel debate, si el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, fue o es un perseguido político por la Corte Suprema de Justicia.

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