Fiscalía, Procuraduría y Controlaría, unidos contra el delito

Por Redaccion el Sáb, 23/05/2020 - 9:21pm
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El Fiscal Francisco Barbosa preciso que imputará y solicitará prisión preventiva contra 10 alcaldes por delitos como interés indebido en la celebración de contratos

Redacción

La Fiscalía, Procuraduría y Controlaría de la República, nuevamente hicieron pronunciamiento  conjunto sobre las investigaciones en los contratos durante la pandemia generada por el Covid-19, donde se verificaron más de 3 mil convenios suscritos en desarrollo del régimen excepcional, adoptado por el Presidente de la República como emergencia económica y social.

El Fiscal Francisco Barbosa preciso que imputará y solicitará prisión preventiva contra 10 alcaldes por delitos como interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin requisitos legales y diversos tipos de peculado. Los mandatarios corresponden a Armenia, Malambo-Atlántico, Cereté-Córdoba, Socorro-Santander, Calarcá-Quindío, San Pedro-Valle del Cauca, San Antonio- Tolima, Guaduas-Cundinamarca, Palocabildo-Tolima y Coveñas-Sucre.

El 21 de Mayo fueron capturados los alcaldes Guaduas y Palocabildo, en un proceso de 189 acciones investigativas y 393 inspecciones, 264 órdenes de policía judicial en 32 departamentos del País. Se informó que serán llamados también a interrogatorio, los alcaldes de Acacias-Meta, Girón-Santander y Sincelejo-Sucre.

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El Contralor Felipe Córdoba informó que ha revisado contratos por más de 3.1 billones

La Fiscalía igualmente hizo 3 citaciones para interrogatorio a 3 gobernadores de San Andrés,  Arauca y Guaviare.  Se informó que los fiscales delegados ante la CSJ  adelantan investigaciones contra 14 gobernadores. Arauca 3 casos, Magdalena 3 casos, Cesar 3 casos, San Andrés 2 casos, Guaviare 2 casos, Vichada 2 casos, Choco, Valle del Cauca, Tolima, Casanare, Bolívar, Sucre, Amazonas y Vaupés con  1 caso cada uno.

La Contraloría encuentra sobrecosto en la pandemia por 420 mil millones de pesos.

El Contralor Felipe Córdoba informó que ha revisado contratos por más de 3.1 billones de pesos en atención de la emergencia del Covid19, cerca de 2.1 billones de pesos para la compra de insumos médicos,  elementos de bioseguridad y alimentos.

Para la Contraloría solamente han encontrado en los municipios de los departamentos del Quindío y Caquetá no se han presentado sobrecosto.

Y las 6 gobernaciones en las que no han encontrado, problemas ni han presentado irregularidades son en Bolívar, Cauca, Risaralda, Quindío y la Guajira.

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La Procuraduría informa la apertura de nuevos procesos contra varios mandatarios que están siendo investigados por la Contraloría y la Fiscalía

El Procurador dijo "Hemos podido ver qué las capitales con sobrecostos más altos son Medellín, Cali, Sincelejo y Tunja. La Contraloría ha revisado un contrato en la Alcaldía de Medellín a través de la Secretaria de Educación y vínculo en el proceso de responsabilidad fiscal al alcalde Daniel Quintero Calle, por presunto sobrecosto por 942 millones de pesos en la adquisición de kits de alimentación. Entre decenas de procesos que apertura la Contraloría, está a uno contra la Gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, por un presunto sobrecosto de 311 millones de pesos, en un contrato firmado con la Corporación para el Desarrollo Social y Cultural del Valle del Cauca - Corpovalle, para brindar servicio de alimentación de manera domiciliaria a adultos mayores.

La Procuraduría informa la apertura de nuevos procesos contra varios mandatarios que están siendo investigados por la Contraloría y la Fiscalía y anuncio que en el radar del ministerio público está el Gobernador del Tolima y la Dirección Nacional de Bomberos,  quién le abrió una investigación por presuntas irregularidades en el contrato por la adquisición de 30 camiones cisterna por más de 13 mil millones de pesos.

Indudablemente este es un caso que afecta a los Gobernadores de Colombia y a los Alcaldes masivamente y que podría cambiar el mapa político del país, pues en los próximos días estarán tomando decisiones en lo que tiene que ver con las presuntas fallas disciplinarias, fiscales y penales.

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