Retroactividad, método hacia la inseguridad jurídica

Por Carlos Cuervo el Sáb, 20/07/2019 - 8:56pm
Edicion
430

Carlos Cuervo

Emprendedor y empresario con formación en Ingeniería Industrial. Desde 1984 hasta 1988 Ingeniero de sonido para el Instituto Colombiano de Ballet y la Orquesta Sinfónica del Valle, Pionero del canal de Telepacífico entre 1988 a 1992 a través de una programadora regional en donde se desempeñó como socio y director comercial. Fundador y propietario desde 1993 hasta el 2009 del restaurante y Café-bar Caffetto. Escritor y editor del blog pulso de Opinión desde mayo del 2010, y desde mayo de 2011, parte del equipo de blogs del diario Occidente de Cali. A partir de junio de 2014 colaborador de la página editorial del Diario occidente hasta el 2018. Secretario de la JAC San Antonio desde 2016 hasta enero del 2019, community manager para Antigua Contemporánea entre 2017 al 2018, asesor en procesos de consultoría de ciencias de datos para Blaucast Media desde 2018.


Colombia patria querida como te descompones día a día.

La retroactividad es otro paso confuso emprendido por alguno de nuestros legisladores como otros hechos promovidos por jueces o funcionarios del ejecutivo, causa suficiente para pensar ajustar profundamente todas nuestras instituciones. Además genera agravio a todos quienes podemos reflexionar sobre estos procederes, todo por favorecerse entre una selecta minoría.

Hablar de retroactividad en las leyes resulta temerario porque afecta los principios rectores del derecho expuestos desde por lo menos hace dos milenios. Primero lo hallamos en Roma, cuna del derecho actual, ahí encontramos discursos como el establecido por Marco Tulio Cicerón en contra del Propector Gayo Verres quien osó promulgar leyes con efecto retroactivo en su intentos por despojar a sus súbditos de herencias e ingresos del trabajo agrícola.

O como sabiamente lo expuso la corte constitucional en la sentencia C-549/93 usando lo promulgado por el arzobispo de Paris Pedro Lombardo, “Desde los canonistas antiguos –V.gr. Pedro Lombardo-, se consideraba que, para que una ley fuese retroactiva, debía tener unas razones muy especiales que ameritaran tal efecto extraordinario. Los estudiosos del derecho canónico estimaban la irretroactividad como derecho divino, al paso que la retroactividad era de derecho humano.” O lo Admitido en nuestro andamiaje constitucional artículos 29 y 58 de la Carta, por lo que la corte determina “La seguridad jurídica es requisito para la configuración del orden público. Si no hay una estabilidad en cuanto a la consecuencia jurídica, obviamente no pueden los destinatarios de la ley estar gozando del derecho a la seguridad.  La incertidumbre ante la actuación del Estado impide la seguridad debida a cada uno de los asociados”.

Así que el actual debate sobre cómo aplicar normas con carácter retroactivo para favorecer al exministro Arias, abre un proceso de discusiones de como con un argumento pueril se pretende reabrir un proceso transitado a Cosa Juzgada y cuyo único juez es la Corte Suprema, por ser el acusado un aforado.

Igualmente resulta muy pretensioso encontrar una nueva salvaguarda para este caso, en donde los organismos de control y la justicia expidieron fallos condenatorios.

Si el interés del legislativo es de proveer la segunda instancia bienvenida la discusión pero sin pretender aplicar retroactividad a esta medida.  Porque de propiciar esta argucia ¿Cuántos otros procesos tendrían el mismo derecho? Y si aplicáramos un poco de jurisprudencia también ¿podría extenderse a las otras ramas del derecho?

Ojo señores legisladores por jugar con fuego para proteger a un individuo no sea que se incendie la casa. El país no está para nuevos casos de despotismo empleando leyes echas a la medida.

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