Polemica sobre el aumento del salario mÍnimo

Por Luz Betty Jime… el Sáb, 18/12/2021 - 7:49am
Edicion
556

Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.


Algunos economistas y políticos reformistas consideran que el aumento del salario mínimo precipita la elevación de los precios de los productos, bienes y servicios; de la inflación y del desempleo. Otros por el contrario, afirman que con el incremento del salario mínimo se aumenta la capacidad de compra de los trabajadores y con ello la demanda de los bienes de consumo.

Antes de acordarse el incremento del salario mínimo, el presidente Duque expresó públicamente ser partidario de que aquel se incrementara hasta en un 10.07%, lo que significaría estar por el millón de pesos mensuales sin contar con el subsidio de transporte, en tanto que ANIF consideró que con una inflación del 5%, el salario no debería subir más del 7%.

Ya de por sí los precios de la canasta familiar han subido considerablemente debido a diversos factores internos y externos afectando directamente a los consumidores a quienes se les trasladan los costos laborales a través de los precios de los productos de origen nacional y extranjero.

Polemica sobre el aumento del salario mÍnimo

Por otra parte, está claro que el Estado no tiene la capacidad para contener las fuerzas espontáneas del mercado que elevan indiscriminadamente los precios de las mercancías en función de la ley de la oferta y de la demanda, como tampoco tiene la posibilidad de imponerles a los monopolios un tope a los precios de los bienes y servicios en medio de la competencia y de la anarquía de la producción.

Es sabido que los más fervientes defensores de las políticas neoliberales son partidarios de reducir los salarios e implantar el viejo esquema de pagarlos según sea la región en la que se labora, además de implementar una nueva reforma laboral y prestacional, con la cual se agravaría aún más la condición económica y social de los trabajadores. Al tiempo, propugnan por la disminución de los impuestos al gran capital y al otorgamiento de subsidios y privilegios tributarios supuestamente dirigidos a estimular la inversión y con ella a incrementar el desarrollo de la economía y del empleo. Circunstancia esta que muy poco tienen que ver con la realidad y que no podrá resolverse con base en simples acuerdos entre las organizaciones empresariales y determinados sindicatos proclives a conciliar los intereses de los trabajadores con miras a minimizar el impacto social que se causa con la aplicación de dichas políticas públicas.

Así mismo, no debe olvidarse que en Colombia especialmente al inicio de cada año calendario, aumentan los valores de las multas, los peajes, los seguros de tránsito, los precios de la vivienda popular, los arrendamientos, los aportes a la salud, las matrículas de colegios, universidades, etc., haciendo más inflexible cualquier mejora del salario mínimo que se toma como referente para aumentar el precio de dichos productos y servicios y con lo cual se aumenta el costo de vida para los sectores populares y medios de la población que además deben pagar altos impuestos, tasas y gravámenes que afectan directamente la vivienda y los negocios de dichas clases y sectores sociales.
Pero aún aceptando en gracia de discusión la teoría económica según la cual el alza de los salarios genera mayor inflación y aumento de los precios de los bienes y servicios, también debe decirse que dicho aumento lo que hace es afectar las ganancias de los pequeños y medianos empresarios en función del incremento relativo de los costos laborales.

No obstante lo anterior, los gremios económicos y los sindicatos finalmente firmaron el acuerdo del salario mínimo que tendrá un alza del 10.07%, considerada “la mayor acordada en los últimos 50 años”. Circunstancia que poco o nada contribuirá con la formalización del empleo ni mejorará la situación real de los trabajadores, incluso para aquellos que devengan un salario integral. Por lo demás, dicho incremento salarial acordado en época electoral será utilizado como estrategia política para crear la apariencia de estar beneficiando a aquellos trabajadores que reciben menos de un salario mínimo y que corresponden al 42.1% de la población en capacidad de laborar, es decir, aproximadamente 9.3 millones de personas según datos aportados por el DANE.

Dicho incremento, paradójicamente  muy poco aumentará la capacidad de compra de los trabajadores y en general la demanda de los consumidores, debido entre otros factores, a la crisis económica y al alza indiscriminada de los precios de los bienes y servicios.


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