Monseñor Monsalve

Por Carlos Cuervo el Sáb, 18/07/2020 - 6:03am
Edicion
482

Carlos Armando Cuervo Jiménez

Emprendedor y empresario con formación en Ingeniería Industrial


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Ya desde aquí se establece que los motivos políticos los cuales nos atañen en esta disertación, tienen diferente enfoques para ser calificados como crimen contra el derecho de gentes

A raíz del fuerte debate que se ha establecido con el partido de gobierno frente al valiente discurso proferido por el arzobispo de Cali, monseñor Jesus Dario Monsalve, inicio está reflexión definiendo el término genocidio para el derecho internacional humanitario y para la RAE.

Derecho internacional humanitario: El genocidio integra actos como la matanza de miembros de un grupo perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.

RAE: Genocidio Exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad.

Ya desde aquí se establece que los motivos políticos los cuales nos atañen en esta disertación, tienen diferente enfoques para ser calificados como crimen contra el derecho de gentes “Delicta Juris geintium” que es la lucha solidaria de la comunidad civilizada contra la criminalidad.

Ahora hay una acusación emitida en contra de monseñor Monsalve por parte del representante del Centro Democrático en el Valle, senador Gabriel Jaime Velasco y por un reconocido comunicador y subdirector de un periódico, sobre indebida participación en política, acción que es necesaria revisar históricamente debido a la incorrecta participación de varios obispos y representantes del clero a través de la historia del siglo 20.

Entre 1903 a 1934 monseñor Esteban Rojas Tovar fue un ardiente defensor de las tesis conservadoras desde el púlpito de su diócesis, al punto que en un análisis histórico realizado por el historiador colombiano Juan Carlos Acebedo en su libro “El apetito de la injuria” se puede deducir que este obispo participó en decisiones contrarias a su actividad pastoral y ni que decir de monseñor Miguel Angel Builes obispo desde 1924 hasta 1970, año de su muerte, quien fue un acérrimo enemigo de la ideología liberal y de la emancipación femenina,  e incitaba a sus fieles en contra de cualquiera que se manifestara a favor de ideologías contrarias a las de él.  

Asi que si vamos a juzgar a los curas por participación en política, de seguro la lista es muy larga y más favorables a las ideologías del Centro Democrático.

En el interés de construir una sobria reflexión sobre este asunto tan espinoso decidí consultar con un amigo sacerdote y abogado sobre las implicaciones en derecho y en la instrucción ética y moral que depende de la iglesia. Su inmediata respuesta fue en torno al deber ser del profeta, un compromiso dividido entre anunciar, denunciar y acompañar a la comunidad. Lo que sin duda nos aclara que es una obligación intervenir en hechos que van en contra de la comunidad aunque sean minorías y contrarias a nuestro credo político.

Luego cuando le inquirí sobre la división del termino entre el lenguaje normal y su contenido legal, me observó que era claro y obvio que tratándose de un escenario de personas comunes en donde el obispo actuó, su aplicación era la que todos reconocíamos coloquialmente a través de la RAE, en una clara referencia a que si ha habido una permisividad frente a los asesinatos sistemáticos de colombianos por sus preferencias ideológicas.

Finalmente le cuestione a sobre cuál era la posición al interior de la conferencia episcopal y su respuesta tajante fue, unidad frente al respaldo a monseñor Monsalve, aunque con respetables disidencias principalmente de algunos obispos en cuyas diócesis hay poca violencia, porque ellos ven ese escenario de guerra como lejano y singular. Me aclaró que todos los obispos del suroccidente de Colombia si están firmes con monseñor porque es en sus territorios en donde más se ha recrudecido la guerra como Tumaco, el Choco o el Cauca.

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Adicionalmente el estado no es una persona, es una unidad de organización política y jurídica integrada por cuatro elementos la población, el territorio, la soberanía y el reconocimiento internacional

Dejando ya de un lado al sacerdote analice desde el artículo 1 de la constitución los posibles errores en los que puede incurrir el senador Velasco porque nuestra constitución vigente nos define como “un estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que lo integran”.

Definición que condiciona a que el país está regido por normas jurídicas y que los funcionarios como él, (Gabriel Jaime Velasco), en sus actividades estatales deben realizar sus acciones en el marco de la constitución y de la ley y que ese estado al cual él pertenece, tiene que garantizar a todos las personas condiciones dignas de vida que es precisamente lo que cuestiona monseñor Monsalve.

Adicionalmente el estado no es una persona, es una unidad de organización política y jurídica integrada por cuatro elementos la población, el territorio, la soberanía y el reconocimiento internacional, el cual está regulado por un régimen legal derivado de una constitución política y cuenta con tres ramas del poder público ejecutiva, legislativa y judicial. Pero como alguien debe representar a ese estado, para efectos prácticos su representante es la rama ejecutiva en cabeza del presidente de la república y en este año está en manos de Iván Duque, así que el cuestionamiento de monseñor no es en contra del señor Duque como señalamiento personal, sino en contra de lo que a los ojos de la sociedad se ve como una política de estado permisiva por la omisión en resolver o detener los asesinatos sistemáticos.

Además hechos acecidos en Cali hace solo diez y ocho años como el asesinato de monseñor Duarte Cancino ponen de manifiesto que las acusaciones emanadas de personas de reconocida solvencia social como el senador, arrojan sobre el cuestionado, peligros inimaginables.

Así que resulta prudente reducir la discusión a lo que debe ser, un debate académico sobre las razones y las ligerezas que habría en la utilización del término genocida y genocidio y sus alcances dentro del neo-conflicto armado de Colombia.

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