Entes de control: Ineficientes

Por Luz Betty Jime… el Sáb, 16/01/2021 - 11:18pm
Edicion
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Tal conducta se ha generalizado en la medida en que la función de dichos órganos de control se ha debilitado

Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.


Un balance general de la gestión que realizan los entes de control tanto de la Personería como de la Contraloría Municipal, nos muestra su ineficiencia en varios de los asuntos que son objeto de investigación y sanción disciplinaria o fiscal, respecto de aquellos funcionarios que transgreden la Constitución, la ley o las normas municipales. En tanto que la Procuraduría Provincial y la Contraloría General encargadas de vigilar, investigar y sancionar la conducta del alcalde también son ineficientes en el ejercicio de dicho control.

Tal conducta se ha generalizado en la medida en que la función de dichos órganos de control se ha debilitado y los resultados de su gestión se dilatan en el tiempo con graves consecuencias para el desarrollo de la actividad administrativa y la defensa del interés general y patrimonial del municipio de Cali.

No obstante, conviene recordar que en el caso de la Personería Municipal éste fenómeno se presenta debido en buena parte a la politización y clientelización de la función disciplinaria, producto de los acuerdos electorales entre los alcaldes y concejales que los nominan y eligen respectivamente.

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Estas circunstancias conducen en la práctica a que el control disciplinario, fiscal y presupuestal de los actos de la administración pública

Por otra parte, en relación con la Contraloría Municipal es menester señalar que a partir de la Constitución de 1991 dicha entidad perdió la facultad de ejercer un control previo y selectivo de los actos de la administración municipal, desapareciendo con ello su capacidad para realizar un control oportuno y efectivo de la gestión gubernamental de la administración municipal.

Estas circunstancias conducen en la práctica a que el control disciplinario, fiscal y presupuestal de los actos de la administración pública, adquieran un carácter puramente formal y limitado, lo que de alguna manera facilita la ilegalidad y la corrupción, particularmente tratándose de la contratación oficial con particulares y de los llamados convenios interadministrativos muy en boga en estos últimos tiempos con la ejecución de toda clase de programas y planes de desarrollo económico y social.

El hecho real es que algunas de las investigaciones que se adelantan por dichos entes de control duermen el sueño de los justos o se encuentran en una especie de limbo jurídico, como sucede por ejemplo, con las investigaciones relacionadas con la terminación de ciertas obras contratadas desde hace varios años y que se encuentran en la actualidad paralizadas sin que exista una explicación como sucede con el parque lineal del Rio Cali, la terminación de las 21 megaobras o las inversiones multimillonarias superiores a ocho mil millones de pesos realizadas en el parque de los periodistas que hace algunos años había sido renovado o, del parque del acueducto en donde se invirtieron recursos del presupuesto por más de dos mil millones de pesos para adelantar una serie de reformas con las cuales se desvirtuó su esencia natural y paisajística.

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Los ciudadanos y los medios de comunicación han asumido una actitud pasiva

No sobra agregar la adquisición de dos colegios por la administración anterior que hoy hacen parte de los denominados “elefantes blancos” de la administración, porque no cumplen ninguna función por carecer de estudiantes, profesores y presupuestos para su cabal funcionamiento.

Los ciudadanos y los medios de comunicación han asumido una actitud pasiva al no exigir que los entes de control ejerzan con eficacia su labor disciplinaria y fiscal de la mano de la Constitución y de la ley, circunstancia ésta que le ha servido a algunos sectores de opinión para proponer la eliminación de dichos entes de control, lo que por supuesto resulta por lo demás absurdo y contraproducente, al tiempo que de lo que se trata es de democratizarlos y reformar su función de control y vigilancia de los asuntos públicos frente a la corrupción y al clientelismo político y electoral.

No hay que olvidarse que el control y vigilancia de los asuntos públicos es una condición esencial de la democracia participativa y de la defensa del patrimonio común de los ciudadanos.


Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social

El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social

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