Las nuevas iniciativas del Alcalde Ospina

Por Luz Betty Jime… el Sáb, 07/05/2022 - 9:18am
Edicion
574

Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.


Las dos iniciativas del mandatario de turno presentadas al Concejo Distrital para su aprobación consistentes en la Modificación al estatuto de procedimiento tributario de Cali y, a la ampliación del objeto social de la EMRU con la creación de una nueva empresa de carácter industrial y comercial EICE, convertida en una especie de motor del desarrollo urbanístico a nivel municipal, distrital, departamental, nacional e internacional, hacen parte de los planes y programas que de tiempo atrás vienen imponiéndose por la administración sin tener en cuenta las verdaderas necesidades e intereses de la comunidad caleña, en tanto que las mismas no están encaminadas a resolver los graves problemas que tienen la ciudad y sus habitantes como serían el de reducir por ejemplo, el déficit habitacional creciente, el ordenamiento racional del desarrollo urbanístico y el control efectivo del espacio público, el medio natural y la protección de las fuentes hídricas de los ríos que atraviesan la ciudad nutriendo con sus aguas los acueductos; además de mejorar todos aquellos servicios relacionados con el transporte público, la movilidad, la seguridad en toda la ciudad.

Con la modificación del estatuto de procedimiento tributario se propone igualmente gravar con el impuesto de industria y comercio -ICA-, lo que se considera como nuevas actividades de la vida diaria, además del incremento de la sobretasa a la gasolina a partir del aumento anual de la tarifa con el IPC, lo que constituye una especie de indexación de dicho tributo. En el caso de la plusvalía se corre el riesgo de que este gravamen se imponga con los cambios del uso del suelo que trae consigo el nuevo ordenamiento urbano del territorio distrital.

De esta manera se busca gravar con mas impuestos a los contribuyentes con el fin de recaudar mas recursos para mantener la fronda burocrática que crece con el aumento de la nómina paralela, además de continuar con la contratación oficial de toda clase de obras suntuarias mediante las cuales se despilfarran los dineros del presupuesto distrital, como sucede con los encerramientos de las zonas verdes con las rejas versallescas que tanto le gustan al director de planeación y a la administración en general.

En cuanto a la creación de la nueva empresa de Renovación Urbana cuyo objeto múltiple comprende gestionar, coordinar, promover, operar, asesorar, servir de órgano consultivo de los planes y programas de renovación urbana, lo cual se llevaría a cabo a través de las denominadas alianzas estratégicas, es preciso señalar ante todo que la EMRU constituida hace varios años y encargada de adelantar los procesos de desarrollo y renovación urbana del centro de la ciudad en lo que se denominó Ciudad Paraíso, apenas sí logró ejecutar algunas obras ya que carece de los recursos económicos y financieros para tal fin, en tanto que sus socios privados no le dieron el apoyo suficiente para continuar con los planes y programas de construcción de la infraestructura indispensables para cumplir con los objetivos contenidos en los Planes de Desarrollo de la ciudad como Distrito Especial.

Esta experiencia es indicativa de que el camino a seguir no puede limitarse a la parte simplemente jurídica formal, mientras no se cuente con los recursos económicos y financieros para ejecutar este tipo de proyectos, conjuntamente con las soluciones de carácter social en favor de la comunidad que vive en los sectores que son objeto de la renovación urbana y no como aconteció con las familias que eran propietarias de sus viviendas y negocios en San Pascual y Fray Damian a los cuales se les bajó de estrato socio-económico para luego ser adquiridos por el municipio a precios por debajo del valor en el mercado inmobiliario, generándose con ello un abuso del derecho. Circunstancia esta que no puede repetirse en el inmediato futuro en tanto que la renovación urbana debe hacerse con la participación de los ciudadanos llamados a ser los primeros beneficiarios del desarrollo urbanístico, en este caso sometido a las presiones de los inversionistas ante los cuales la administración de turno parece acatar sus pretensiones, convirtiendo dicho proyecto de interés social en un negocio particular que tan solo trae beneficios a determinados sectores sociales y empresariales de la ciudad.


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