El piso de protección social

Por Luz Betty Jime… el Sáb, 06/02/2021 - 8:36am
Edicion
511

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Las medidas tienen como fundamento jurídico el decreto 1174 de 2020 que a su vez reglamenta el artículo 193 del Plan Nacional de Desarrollo

Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.


Con el denominado Piso de Protección Social -PPS-, el gobierno del presidente Duque introdujo por la puerta de atrás una singular reforma laboral con la cual según se dice, se busca únicamente beneficiar “a nueve millones de trabajadores informales” que no gozan de ninguna prestación social y en muchos casos se encuentran al borde de la pobreza absoluta.

Las medidas tienen como fundamento jurídico el decreto 1174 de 2020 que a su vez reglamenta el artículo 193 del Plan Nacional de Desarrollo, aplicable a los trabajadores que devengan menos de un salario mínimo mensual y carecen de prestaciones sociales y que no podrán pensionarse al final de su vida laboral.

Detrás de las medidas contenidas en el PPS se oculta la posibilidad de precarizar la actividad laboral a través de los denominados “contratos por horas”, con los cuales se pone en riesgo la estabilidad laboral y se imponen salarios por debajo del mínimo legal, sin prestaciones sociales conforme a lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo, en tanto que los trabajadores tan solo tendrán el derecho a recibir los beneficios del régimen subsidiado y de los llamados beneficios periódicos mensuales BEPS aplicables a los sectores mas vulnerables de la sociedad.

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La posibilidad de reducir la informalidad a costa de restringir los derechos de los trabajadores

Aunque existen diversas críticas desde las Centrales obreras en relación con el decreto, el ministro del Trabajo se comprometió a revisar cada una de las medidas que contiene el PPS, con el fin  de que se incluyan ciertas normas como las del subsidio familiar, el derecho a la licencia de maternidad y de algunos otros aspectos que permitan que el empleador no pueda librarse de su responsabilidad laboral de pagar primas, vacaciones, cesantías, etc.., que seguramente serán objeto de diversas controversias y pleitos judiciales con los cuales los trabajadores tendrán que lidiar en su momento.

La posibilidad de reducir la informalidad a costa de restringir los derechos de los trabajadores constituye a todas luces una acción arbitraria, injusta e inequitativa que viola los principios, valores y derechos establecidos en la Constitución y en la ley.

No obstante, para algunos sectores económicos y políticos la implementación de dichas medidas, le permitirán al Estado impulsar con mayor fuerza la reactivación económica y de cierta manera aliviar las cargas laborales de los empresarios que así “podrán fomentar el empleo” y flexibilizar la contratación laboral.

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De esta manera los verdaderos beneficiaros con el PPS son los empresarios que terminarán aplicándolo masivamente

De esta manera los verdaderos beneficiaros con el PPS son los empresarios que terminarán aplicándolo masivamente, incrementándose con ello la explotación económica del trabajo con la aquiescencia del gobierno de turno que creó una falsa expectativa en el sentido de que se podría reducir la informalidad mientras se derogaban tácitamente los derechos laborales de los trabajadores en medio de una sociedad en donde cada vez es más limitada la consecución de nuevos empleos y los existentes están en manos de una “casta burocrática estatal” que goza de elevados salarios, prestaciones sociales legales y extralegales y pensiones, que no están en ningún caso a la altura de los que tienen los trabajadores formales e informales que laboran en el sector privado.

ADENDA: El pasado 5 de febrero se cumplieron 30 años de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente encargada de aprobar la nueva Constitución, con el fin de adecuar el régimen jurídico estatal a las condiciones de existencia y desarrollo de una sociedad atravesada en ese momento por una profunda crisis política e institucional. Dicha Asamblea Constituyente estuvo integrada por diversos sectores sociales y políticos los cuales se repartieron el control y manejo de los asuntos de la Asamblea procediendo a la discusión y trámite del proyecto de reforma cuya iniciativa estuvo a cargo del gobierno de la época, mediante el cual se introdujeron varios cambios dirigidos a modernizar las instituciones conservando las bases fundamentales del sistema capitalista en el marco del Estado Social y democrático de Derecho.


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