Convención americana de derechos humanos vs Procuraduría

Por Ricardo Téllez… el Sáb, 03/04/2021 - 11:01pm
Edicion
519

Por: Ricardo Téllez Bautista y Héctor Mario Valencia Arbeláez  

Abogados Administrativistas


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El naciente proyecto de ley del Ministerio Público es un ´obedézcase y cúmplase´ de las sentencias de la Corte IDH de 2020 y de nuestro Consejo de Estado de 2017 en favor de Gustavo Petro

Punto de encuentro de tigre con burro amarrado 

El naciente proyecto de ley del Ministerio Público es un ´obedézcase y cúmplase´ de las sentencias de la Corte IDH de 2020 y de nuestro Consejo de Estado de 2017 en favor de Gustavo Petro, para que centenares de funcionarios de elección popular comprometidos en 12.142 procesos sin cerrar puedan ser legalmente absueltos, destituidos y/o inhabilitados   

Para empezar ¿qué les parece este dato suministrado antes del inicio de la semana mayor por la Procuraduría General de la Nación? A la fecha se adelantan 12.142 actuaciones disciplinarias en contra de funcionarios de elección popular, entre ellas: 8.138 de alcaldes, 3.108 de concejales, 644 de gobernadores, 163 de diputados, 38 de ediles, 30 de representantes a la Cámara y 21 de senadores (!)

La cifra suministrada por la titular Margarita Cabello Blanco el 26 de marzo de 2021 al momento de radicar en el Congreso de la República el proyecto de ley que reformará la Ley 734 de 2002 y el  reciente Código General Disciplinario o Ley 1952 de 2019 (pendiente de su entrada en vigencia en Julio de 2021), iniciativa encaminada principalmente -dice ella- “a fortalecer las garantías en los expedientes disciplinarios, especialmente contra los servidores públicos de elección popular”, en cumplimiento de lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en la sentencia del 8 de julio de 2020 que condenó al Estado colombiano por la sanción de destitución e inhabilidad impuesta por el ministerio público en 2014 al entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y la similar del Consejo de Estado del 15 de noviembre de 2017 que resolvió nulitar la actuación del ex procurador Alejandro Ordóñez.

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La Procuraduría propone al Congreso de la República que le sean ampliadas las funciones jurisdiccionales únicamente en lo relacionado con el área misional disciplinaria

La Procuraduría propone al Congreso de la República que le sean ampliadas las funciones jurisdiccionales únicamente en lo relacionado con el área misional disciplinaria, lo que permitirá actuar como juez en los casos que impliquen sanciones como destitución o inhabilidad. De esta manera, la Procuraduría quiere garantizar que las etapas de investigación y juzgamiento dentro del proceso sean atendidas por diferentes funcionarios. Así, quien investigue no será el mismo que atienda los descargos y juzgue. Asimismo, se plantea la creación de la sala de juzgamiento a fin de garantizar en todos los procesos, el principio de la doble instancia, y la configuración adecuada de los principios y las categorías disciplinarias, entre otros. Hasta no leer el texto completo del proyecto de ley nos abstenemos de creer que dicha propuesta pretendiere reemplazar la competencia de los jueces  penales en esas materias, señalada específicamente en el artículo 23.2[1] de la CADH.

Dicho proyecto de ley sin duda alguna, corresponde al obedecimiento del numeral 8  de la sentencia de la CADH que dispone: “8. El Estado adecuará, en un plazo razonable, su ordenamiento jurídico interno a los parámetros establecidos en la presente Sentencia, en los términos de lo dispuesto en el párrafo 154 de la presente Sentencia”. Sentencia julio 8 de 2020 – Párrafo 154: Este Tribunal encontró que el Estado incumplió con sus obligaciones previstas en el artículo 23 de la Convención en relación con el artículo 2 del mismo instrumento, por la existencia de diversos dispositivos del ordenamiento jurídico colombiano. En consecuencia, la Corte considera que, como garantía de no repetición, el Estado deberá, en un plazo razonable, adecuar su ordenamiento interno de acuerdo a lo señalado en los párrafos 111 a 116 de la presente Sentencia”.

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Vale recordar que en  el 2014, cuando el Procurador Alejandro Ordoñez sancionó al ex alcalde Distrital Gustavo Petro Urrego, con destitución e inhabilidad general  para ejercer cargos públicos durante 15 años

Vale recordar que en  el 2014, cuando el Procurador Alejandro Ordoñez sancionó al ex alcalde Distrital Gustavo Petro Urrego, con destitución e inhabilidad general  para ejercer cargos públicos durante 15 años, y quizás lo hizo sin saber las repercusiones que traía al no realizar el respectivo análisis de convencionalidad con relación a la disposición contenida en el  artículo 23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos-CADH, puesto que se constriñó del derecho de los electores a elegir y disfrutar del gobierno completo del elegido, y al Ex acalde al derecho a ser elegido y permitirle gobernar por todo su período constitucional. No podemos olvidar que desde 1969, Colombia es un Estado Parte de este organismo internacional; y por esa razón sus normas y jurisprudencia deben acogerse en el  ordenamiento jurídico interno y aplicarlas perentoriamente.

Bajo ese alcance jurídico, el tan mencionado artículo 23.2 impide que los funcionarios de elección popular puedan ser sancionados por autoridades administrativas y en su lugar su absolución o sanción debe hacerse por un juez  penal. Y frente a la ´extraña norma internacional´ no significa que los funcionarios de elección popular gozan de fuero especial que impida procesarlos. Sólo es que  no lo puede hacer una autoridad administrativa como lo es la Procuraduría General de la Nación, sino el juez penal bajo la plena garantía de los derechos constitucionales. 

Con esa condición de derecho internacional a la que Colombia está ligada desde 1969, la Procuraduría ha quedado prácticamente impedida de sancionar a  servidores públicos de elección popular como (gobernadores, alcaldes, congresistas, diputados, concejales y ediles que están inmersos dentro de los 12.142 procesos disciplinarios, puesto que de hacerlo sin modificarse antes la norma interna, los potencialmente funcionarios sancionados, acudirían de inmediato  a la Corte IDH con un copi peich de la sentencia que favoreció al ex alcalde distrital.     

PUNTO APARTE

¿Qué fue lo que declaró la Corte IDH en sentencia de julio de 2020?

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El Consejo de Estado en discutida sentencia del 15 de noviembre de 2017 declaró la nulidad de los actos del Procurador Ordoñez en contra de Gustavo Petro

Los siete jueces de igual número de nacionalidades concluyeron en unanimidad, que: “El Estado es responsable por la violación del derecho contenido en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo tratado, en perjuicio de Gustavo Petro Urrego” y además “responsable por la violación de los derechos reconocidos en los artículos 8.1 y 8.2.d) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con las obligaciones de respetar y garantizar dichos derechos, consagradas en los artículos 1.1 del mismo tratado, en perjuicio de Gustavo Petro Urrego.. “.

Cabe destacar que:

El Consejo de Estado en discutida sentencia del 15 de noviembre de 2017 declaró la nulidad de los actos del Procurador Ordoñez en contra de Gustavo Petro, y restableció sus derechos con pago de retroactividad, al tiempo que acogió el artículo 23 de la CADH y todas las jurisprudencias de la Corte IDH, cuando exhortó al Gobierno Nacional, al  Congreso de la República y a la Procuraduría General de la Nación, a que en un plazo no superior a dos (2) años “implemente las reformas a que haya lugar, dirigidas a poner en plena vigencia los preceptos normativos contenidos en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos en el orden interno”.

PUNTO FINAL

 “Son las organizaciones no gubernamentales que trabajan en derechos humanos, sus redes, sus líderes, sus promotores, los encargados de la capacitación, los que deben seguir esforzándose por la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos, armonizado con el derecho nacional, para que sean los propios tribunales nacionales los que den pasos firmes, más allá de los discursos de las autoridades gubernamentales”. Tomado de “Los tratados internacionales de derechos humanos en el orden interno: la importancia del principio pro homine”. Humberto Henderson – Uruguayo.

[1] Artículo 23. Derechos Políticos. 1. (…) 2. La ley (interna) puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.

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