Funcionamiento de la justicia en Cali

Por Luz Betty Jime… el Sáb, 02/05/2020 - 11:16am
Edicion
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Es del conocimiento público y de las autoridades judiciales que gran parte de los abogados litigantes son mayores de 60 años

Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.


Desde que la Justicia comenzó a operar en el pomposo PALACIO DE  JUSTICIA el 11 de enero de 2020 hasta el 16 de marzo en que se suspendieron los términos y el acceso al público, con excepción de los jueces de Control de Garantías, el funcionamiento de ésta en Cali ha sido muy deficiente al tiempo que el trato a los abogados y litigantes por parte del Consejo Seccional de la Judicatura y de algunos jueces y magistrados, ha sido irrespetuoso y discriminatorio, situación que se agravará a partir de la forma y medida como operará el sistema judicial en medio de unas condiciones inadecuadas y riesgosas para la salud y la vida con un eventual contagio  con el coronavirus COVID-19, en razón de las congestiones y el hacinamiento que se producirán con el reinicio de la actividad judicial en un edificio que posee una infraestructura física absolutamente inadecuada para atender las necesidades propias del sistema judicial.

Es del conocimiento público y de las autoridades judiciales que gran parte de los abogados litigantes son mayores de 60 años y a quienes se les dificulta subir gradas para acceder a los despachos judiciales que se encuentran en uno de los 17 pisos, o someterse a largas filas para ingresar al interior del edificio con estrechos pasillos o para ingresar a los dos o tres ascensores disponibles para finalmente llegar a los despachos judiciales o salas de audiencias.

Esta circunstancia amerita por parte del Consejo Seccional de la Judicatura la revisión de esta situación, la cual nos permite desde la VEEDURIA que representamos plantear como alternativa de solución de carácter temporal, la posibilidad de aplazar la apertura y operación de la justicia en Cali, hasta tanto no se disponga de un sitio que permita garantizar los derechos a la salud y a la vida de los abogados litigantes y usuarios de la justicia, empleados de la rama judicial, susceptibles de ser contagiados con el coronavirus COVID-19 que en la ciudad viene creciendo a pesar de las medidas decretadas por el gobierno nacional y municipal.

Por otra parte, se trata de facilitar la práctica de algunas diligencias judiciales como la recepción de testimonios y la realización de las audiencias que no siempre se podrán realizar utilizando las nuevas tecnologías, en razón de que no todos los abogados litigantes y usuarios disponen de Internet lo cual dificultará el acceso a la justicia.

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En todo caso no debe olvidarse que no obstante ser la justicia un servicio público esencial,  sus funcionarios no pueden colocarse por encima ni en contra de los ciudadanos

Dicha dificultad se podría subsanar con la existencia de salas especiales de Internet a cargo del Estado y de carácter gratuito a las cuales pudieran acudir abogados litigantes y usuarios, con el objeto de garantizar los derechos de las partes y la aplicación de la denominada justicia virtual.

La idea de contar en la práctica con una pronta y cumplida justicia se fundamenta en buena medida en la necesidad de hacer efectivos los derechos que tienen todos los ciudadanos incluyendo por supuesto a los abogados litigantes y a los usuarios a ser escuchados y tenidas en cuenta sus críticas y observaciones, como una forma de colaborar con la Justicia y de Participación Democrática en los asuntos que nos atañen a todos: jueces, magistrados, abogados litigantes, usuarios y empleados de la justicia, especialmente en este momento de crisis económica y sanitaria por la que atraviesan el país y el mundo.

En todo caso no debe olvidarse que no obstante ser la justicia un servicio público esencial,  sus funcionarios no pueden colocarse por encima ni en contra de los ciudadanos y menos estando de por medio su salud y su vida que son derechos fundamentales Constitucionales y soporte de la existencia social e individual de las personas.

Es así que la solución al funcionamiento de la Justicia en Cali no puede reducirse únicamente a hacer peticiones economicistas como que la de lograr un subsidio para los abogados para suplir en algo su situación económica; como tampoco solicitar aumento de juzgados que es lo que usualmente piden los abogados sin profundizar en las causas reales de los problemas que atañen la operación de la justicia.

Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social

El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social

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