Acceso a la justicia y la seguridad

Por Luz Betty Jime… el Sáb, 01/09/2018 - 6:36pm
Edicion
384

Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.


Para las autoridades municipales lo sucedido en el Palacio de Justicia en donde perdieron la vida dos personas y resultaron heridas cuatro, muy poco significa para aquellas la magnitud de estos hechos trágicos, pues la creencia generalizada es que  esto es un asunto del resorte de la rama judicial y más concretamente del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle.

no se conoce ningún pronunciamiento del alcalde Armitage sobre el particular, no obstante tratarse de un “asunto de ciudad” y no simplemente de un problema de la rama judicial.

El hecho real es que hasta el momento no se conoce ningún pronunciamiento del alcalde Armitage sobre el particular, no obstante tratarse de un “asunto de ciudad” y no simplemente de un problema de la rama judicial.

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alcalde esté dispuesto a colaborar con la entidad respectiva en la solución del problema

La cuestión es que el mandatario se ha dedicado a realizar visitas a los barrios según se dice en los mentideros políticos en compañía de un eventual candidato a la alcaldía para la próxima contienda electoral, lo cual constituye una clara y manifiesta intervención en política que lo aleja de los verdaderos problemas que embargan a la comunidad, como son los de la inseguridad y poca funcionalidad del complejo de la justicia conocido como Palacio de Justicia Pedro Elías Serrano Abadía, que las personas discapacitadas, limitados físicos, enfermos, mujeres en estado de embarazo y los adultos mayores, deben enfrentar sin que las autoridades municipales les llamen la atención a la administración judicial sobre los riesgos que se puedan presentar al interior del mismo.

En este caso no se trata de que la administración se inmiscuya en las tareas que debe cumplir el poder judicial, sino de que el alcalde esté dispuesto a colaborar con la entidad respectiva en la solución del problema que afecta en este momento directamente la continuidad en la prestación del servicio público de Justicia en la ciudad, el cual se encuentra suspendido debido a las razones y motivos ya conocidos por la opinión pública y que demandan del concurso de todas las autoridades para efecto de encontrar las soluciones, que por supuesto tienen que ser diferentes a las propuestas por el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle que de implementarse generarían un gran hacinamiento y congestión judicial al interior del palacio de Justicia, agravando las condiciones de inseguridad y funcionalidad y dificultando de esta manera la labor de los operadores judiciales, abogados y usuarios, convirtiendo el lugar en una especie de campo de concentración que claramente nos lleva a creer que “resulta peor el remedio que la enfermedad”.

evacuar el palacio de justicia y trasladar los despachos judiciales, salas de audiencia y centro administrativo a otros edificios mas funcionales y accesibles

Sin pretender en este momento imponer una solución ideal al problema, como sería el de evacuar el palacio de justicia y trasladar los despachos judiciales, salas de audiencia y centro administrativo a otros edificios mas funcionales y accesibles a todas las partes, desde la Veeduría que representamos consideramos que una alternativa parcial de solución a tan complejo problema requerirá de que la alcaldía conjuntamente con la gobernación del Valle consideren la posibilidad de que algunos edificios que dichas entidades poseen en el centro de la ciudad  puedan  ser utilizados para trasladar transitoriamente la totalidad de los juzgados que hoy están ubicados entre el séptimo y el 16 piso de la torre B del Palacio de Justicia, en donde no deben continuar funcionando y con lo cual se prestaría una gran ayuda, mientras se adopta una solución definitiva que no puede ser otra que la demolición del edificio a fin de que con ello se pueda garantizar el acceso a la justicia y la seguridad en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos.


Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social

El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social

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