Ocurrieron antes o después de los acuerdos de paz

Por Luz Betty Jime… el Sáb, 01/06/2019 - 1:26am
Edicion
423

Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.


 

Muchos de los conflictos jurídicos que se suceden en el seno de la comunidad obedecen en buena medida a la exacerbación de las contradicciones sociales existentes estimuladas por factores ideológicos y políticos que hacen que el tratamiento y solución de los asuntos judiciales se desvíen en la práctica de las normas del derecho consagradas en la Constitución y en las leyes de la república.

En estas circunstancias se abre paso la tendencia de gobernantes, jueces y toda clase de funcionarios pertenecientes a las diferentes ramas y niveles de la administración pública, de justicia y de control, a interpretar y aplicar las normas jurídicas a su “libre albedrío” legitimando de esta manera la arbitrariedad administrativa y judicial.

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De esta manera se podrá definir si el señor Santrich debe ser investigado y juzgado por la JEP o por la Corte Suprema de Justicia

Al mismo tiempo, con dicho proceder se trata con benevolencia a los privilegiados del poder económico y político, resolviendo a su favor las controversias jurídicas, en tanto que se carga la mano a la mayoría de los ciudadanos que son objeto de la explotación económica del trabajo, la discriminación social y de género y la exclusión política, particularmente esta última de aquellos sectores y fuerzas políticas y sociales de la oposición al gobierno o al régimen político imperante.

De esta manera se deja de aplicar el Derecho en la parte que no le conviene a las clases dirigentes, lo que los impulsa a imponer su voluntad a través del aparato del Estado en una clara y flagrante violación de su propia legalidad, la cual es sustituida por otra acorde con sus intereses económicos y políticos.

Esta situación se agrava aun más en medio de la confrontación y la polarización ideológica y política existentes, las cuales se reflejan en las diferentes posiciones y actitudes respecto del contenido y la aplicación de los acuerdos de paz, tal como viene sucediendo en materia judicial en relación con el caso del ex guerrillero Jesús Santrich, a quien la Corte Suprema de Justicia ordenó su inmediata libertad después de haber estado privado de la misma por mas de un año por orden de la Fiscalía General de la Nación, todo lo cual ha contribuido a agravar el ambiente de pugnacidad entre los colombianos respecto de un asunto que solo debe ser resuelto por la justicia, despojada de toda carga ideológica y política partidista, ya que aquella tan solo debe estar comprometida con la interpretación y aplicación de las normas jurídicas ligadas al hecho de permitir que la JEP actúe eficazmente y de manera autónoma e independiente y no bajo la presión del poder con la intervención del gobierno, hasta tanto la sala de apelación de la Justicia Especial para la Paz no se pronuncie en torno a si de acuerdo con las pruebas aportadas dentro de la investigación, es posible o no determinar si los hechos delictuosos atribuidos al acusado ocurrieron realmente antes o después de entrar en vigencia los acuerdos de paz, ya que se trata del examen de los mismos hechos objeto de la investigación que adelantó la fiscalía y actualmente la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

De esta manera se podrá definir si el señor Santrich debe ser investigado y juzgado por la JEP o por la Corte Suprema de Justicia.

Al desacatarse este mandato constitucional consagrado en el acto legislativo que contiene el acuerdo de paz se estaría quebrantando la legalidad vigente y transitando por los caminos de la arbitrariedad judicial, lo que no excluye la posibilidad de proceder a la captura del acusado y/o a su eventual extradición en medio de un juego jurídico con apariencia de legalidad que contiene una carga política con la cual se pone de presente la politización de la justicia y la judicialización de la política.


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