Sin políticas publicas para recuperar el espacio publico

Por Luz Betty Jime… el Sáb, 01/04/2017 - 7:42am
Edicion
310

Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero

Definitivamente a la administración municipal se le salió de las manos el control del espacio público que se tomaron los vendedores ambulantes que ocupan andenes y calles del centro, Norte y Sur de la ciudad, sin que hasta ahora sea posible recuperarlo para las personas que habitualmente transitan por dichos lugares.

Sobre este asunto la Corte Constitucional ha señalado de manera recurrente que si bien es cierto los vendedores ambulantes no poseen un derecho sobre el espacio público, es justo que estos ocupantes no queden desamparados, lo que implica que la municipalidad debe coadyuvar en la solución de esta situación con programas reales y concretos que permitan de una parte recuperar el espacio público y de la otra garantizar a dichos vendedores la posibilidad de desarrollar su actividad comercial y laboral en otras condiciones y circunstancias económicas y sociales.

Para cumplir con dicho propósito el alto tribunal ha planteado como principio rector la “confianza legítima” basada en tres presupuestos a saber: 1) La necesidad de preservar de manera permanente el interés público; 2) una desmovilización cierta, razonable y evidente en la relación entre la administración pública y los administrados y 3) la necesidad de adoptar medidas para un proceso transitorio que adecúen la actual situación a la nueva realidad.

Lamentablemente ninguna de las administraciones anteriores ha sido coherente en la aplicación de estos preceptos. Por otra parte, la afluencia espontánea de cientos de miles de vendedores ambulantes ha rebasado las posibilidades de resolver adecuadamente este problema de ciudad, que hoy con la aplicación del Código de Policía y de Convivencia tienen a la expectativa, tanto a las autoridades municipales como a los vendedores ambulantes que ocupan ilegalmente el espacio público de que se produzca un enfrentamiento de consecuencias impredecibles.

Al respecto la administración del alcalde Armitage ha manifestado que entregará unos módulos a los vendedores (al parecer 360 en total) para intentar organizarlos, lo cual no deja de ser un mal chiste cuándo se presume que en la ciudad existen mas de 30.000 vendedores ambulantes cuyo número crece exponencialmente durante las festividades  que tienen lugar durante la época navideña y de feria.

En este caso de lo que se trata es de concertar una solución real de este problema con políticas públicas acordes con los intereses y necesidades de vendedores, peatones, ciudadanos en general y la propia administración municipal, tendientes a recuperar el espacio público, a ofrecer nuevas oportunidades de trabajo distintas de las que se realizan de manera provisional e informal y a ejercer un control efectivo sobre la proliferación inusitada de este tipo de actividades, auspiciadas por algunos comerciantes formales y verdaderas mafias que financian dicha actividad y explotan a los vendedores ambulantes que no cuentan con otra alternativa que proseguir en su afán de ocupar el espacio público y de mantenerse dentro de la ilegalidad, para subsistir en medio de la competencia, y la anarquía en que se desenvuelve su actividad.

Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social

El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social

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