A pocos meses de entrar en la fase decisiva del calendario político de 2026, Colombia enfrenta una nueva confrontación institucional y ciudadana, la disputa entre quienes defienden la posibilidad de convocar una Asamblea Constituyente y quienes buscan frenarla mediante un referendo de iniciativa ciudadana.
La controversia aumentó después de que la Registraduría Nacional avalara el comité promotor del llamado “referendo anticonstituyente”, iniciativa impulsada por abogados, académicos y figuras políticas que consideran que una eventual Constituyente podría alterar el equilibrio institucional definido por la Constitución de 1991.
Entre los dirigentes visibles que respaldan la propuesta aparece Sergio Fajardo, quien se convirtió en una de las voces más activas en defensa de la estabilidad constitucional y de los mecanismos ordinarios de reforma.
El comité promotor comenzó oficialmente la etapa de recolección de firmas con el objetivo de presentar los apoyos ciudadanos antes del 20 de julio, fecha considerada clave para medir el respaldo popular frente a la idea de una Constituyente impulsada desde sectores cercanos al Gobierno Nacional.
Quienes respaldan la iniciativa sostienen que la Constitución de 1991 todavía ofrece herramientas suficientes para realizar reformas mediante el Congreso y las altas cortes, sin necesidad de abrir un proceso constituyente que pueda generar incertidumbre jurídica y política.
Por su parte, sectores cercanos al gobierno de Gustavo Petro han defendido la necesidad de discutir reformas estructurales profundas en temas sociales, económicos y políticos.
La participación de Sergio Fajardo le dio mayor peso político al movimiento anticonstituyente. Sectores de centro político, empresarios, juristas y exmagistrados se sumaron al debate advirtiendo sobre riesgos de polarización e incertidumbre institucional.
La recolección de firmas prevista para el próximo 20 de julio podría convertirse en una demostración de fuerza política y ciudadana. Más allá del resultado jurídico, el proceso refleja el nivel de polarización que atraviesa Colombia y la disputa sobre el rumbo institucional del país.