Con ocasión de la presentación del” libro blanco” del alcalde Alejandro Eder en el que se plantean 179 presuntas irregularidades de la administración distrital anterior, cabe preguntarse si lo mismo ocurrirá con la gobernadora del departamento del Valle del Cauca frente al cual se encuentra la doctora Dilian Francisca Toro.
De todas maneras, se trata de dar a conocer a la opinión ciudadana los resultados de la gestión pública realizada por los mandatarios anteriores, en la que deben ponerse de presente no solo las falencias de la administración sino los aspectos positivos de la gestión administrativa, sujeta a los principios constitucionales y legales de nuestra carta política.
A diferencia del alcalde Alejandro Eder, en tratándose de la gobernación del Valle no se conocerá libro blanco y por tanto no será posible evaluar la gestión pública de la anterior funcionaria Clara Luz Roldan, no obstante la existencia de varios asuntos que tiene preocupados a los vallecaucanos, tal como ha sucedido con la terminación de varias obras entre las cuales figura el puente de Juanchito, obra que lleva nueve años sin que hasta la fecha se haya terminado en forma definitiva faltándole una serie de barandas, separadores y construida una calzada para el tránsito por esta vía, quedando pendiente su terminación que según se dice, finalizará este año.
A lo anterior, se suman los derechos de petición y las cuatro tutelas dirigidas a la gobernación del Valle con el fin de que se informe sobre la disponibilidad presupuestal de los recursos para la operación de la calzada norte ya que para el 31 de marzo se vence el plazo para cumplir con el pago de los recursos.
La gobernación del Valle anunció que la obra se entregará totalmente construida a mediados de este año, sin que por lo demás se tenga la certeza de su cumplimiento dados los antecedentes en esta materia y en relación con esta obra esencial para el desarrollo y la movilidad del tránsito que conecta a Cali con el municipio de Candelaria.
Mientras tanto se requiere de 30 agentes de tránsito para controlar el flujo vehicular debido a la carencia de la otra calzada que finalmente no se sabe si será terminada su construcción en el período del mandato de la actual gobernadora.
La comunidad del sector pide celeridad para la construcción de la calzada que permitirá la revitalización de Juanchito y de sus urbanizaciones aledañas.
En el caso de Cali y del departamento del Valle del Cauca, los entes de control han estado “ausentes” de la fiscalización de la gestión de alcaldes y gobernadores, en tratándose de la contratación oficial y la incorporación de personal que muy poco tiene que ver con las verdaderas necesidades que demanda el buen funcionamiento del aparato del Estado.
Por otra parte, una cosa es evaluar la gestión de la administración saliente y otra es personalizar la labor del mandatario de turno, cuando de lo que se trata es de analizar y profundizar en los resultados de la gestión pública de manera integral y en todos los aspectos posibles con el fin de establecer si ha habido avances o retrocesos en desarrollo de la gestión pública y en defensa del interés general acorde con los principios de eficiencia, efectividad, moralidad, economía y demás obligaciones y deberes consagrados en la Constitución y en las leyes de la república.
Así mismo, es necesario señalar aunque sea brevemente, la ineficiencia del Concejo Distrital y de la Asamblea Departamental, en lo que corresponde al control que debe realizarse de la actuación administrativa del ex alcalde y ex gobernadora que poco hicieron por estar a la altura de su gestión fiscalizadora y de control de la gestión pública de los mandatarios de turno.
Los alcaldes y gobernadores considerados como mandatarios del pueblo están obligados a rendir cuentas a sus electores, circunstancia esta que paralelamente obliga a dichos funcionarios a garantizar el derecho ciudadano a participar en los asuntos de interés general en materia económica, política, social, cultural, ambiental, etc., de conformidad con el artículo segundo de la Constitución Nacional como base inexorable de la democracia participativa y del Estado Social de Derecho.
