No hay por donde caminar

La carrera 15 totalmente invadida por vendedores ilegales

La carrera 15 es el ejemplo más vivo de la desobediencia civil respecto al tema del respeto al espacio público en Cali. Desde la calle primera hasta la 15 las zonas por donde deberían circular los peatones están totalmente abarrotadas de puestos comerciales ilegales, si por puestos comerciales entendemos los que están por fuera del espacio habilitado por ley para el ejercicio de la actividad comercial, casi siempre sobre alfombras en el suelo o en carretas, haciendo las veces de mostradores portátiles.

La alcaldía ha ordenado una serie de desalojos que han sido ejecutados con cierta frecuencia pero que no han mellado en el número de metros cuadrados de espacio público invadido. Casi que en un juego infantil, cuando los agentes del orden desalojan las zonas cercanas a las calle 15, otros continúan campantes en sus locales improvisados incluso ocupando las Zonas Recuperadas.

Como se ve en las imágenes incluidas en este artículo, la calidad de vida del peatón sigue siendo vulnerada. Del espacio habilitado para el desplazamiento a pie de los ciudadanos, casi el 70 % está ocupado por los puestos por los clientes que se detienen a comprar o a curiosear. Dejando a los peatones con apenas unos 50 cm relativos para moverse, en un extraño túnel que cambia su forma según se muevan los compradores y vendedores, esto sin mencionar a los que se acercan con mercancía nueva. El hecho de que se puedan ver bicicletas acondicionadas con platón, como las que utilizan los mazamorreros, y otros medios de carga de mercancía en el sector, surtiendo a varias “toldas” hace pensar en que hay un sistema organizado que sustenta todo este comercio.

Hay un código de silencio entre los vendedores del lugar. Casi todos los que están apostados aquí en la carrera 15 no están autorizados para hablar (¿autorizados por quién?) o evaden el tema diciendo que solo son vendedores, que el dueño del negocio no está y que no saben nada. Nidia Vargas, cuyo nombre cambiamos por seguridad, asegura que pocos están ahí de una forma permanente sin pagar por el espacio. Cuando ven que alguien se acomoda, dos hombres se acercan y piden que desaloje, sin ser ningún tipo de autoridad estatal. Dice que el sector está dividido por cuadras y que cada sector le paga a alguien diferente un suma que está entre los 5.000 0 30.000 pesos diarios, según el tipo de negocio. Dice que a los vendedores de frutas y jugos les cobran diferente que a los que venden bolsos o películas.

Sin embargo hay vendedores que afirman no pagarle a nadie por nada. Don Marcos, el único que se atrevió a hablar de frente, lleva en el lugar 10 años. Vende jugo de naranja y coco, en un mostrador que ha improvisado sobre una carreta. Por día se hace una cifra que varía entre los $15.000 o $30.000 pesos. No tiene prestaciones sociales ni está inscrito en ningún sistema de medicina pre-pagada. Vive solo, y no conoce a nadie que sea dueño del lugar.

“Han llegado preguntándome cosas privadas, qué dónde vivo, qué de quién es el negocio, qué cuánto me gano, pero de ahí no ha pasado. Nunca le he dado un peso a nadie, ni a policías, que años atrás le cobraban a uno por dejarlo estar. Yo les decía que me iba pero me quedaba unas cuadras atrás y cuando se iban volvía. A veces se demoraban días en irse, pero siempre regresan”.

El problema reside seguramente en que no hay una autoridad permanente en el lugar que, en primer lugar, impida que los comerciantes se establezcan en el espacio en las mañanas. Sacarlos supone un desalojo, procedimiento que siempre es traumático, antipopular y violento. Podría evitarse el desalojo sólo impidiendo el emplazamiento, de resto no quedará otra solución que recobrar fuerzas para soportar otros 30 años que desalojos e invasiones sucesivas que se sostendrán el fenómeno como una institución en la ciudad.

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