Reactivación de un proyecto errático

Por Luz Betty Jime… el Sáb, 30/09/2017 - 8:59am
Edicion
336

Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.


Después de casi nueve años de decretadas las 21 mega obras por el Concejo Municipal solo una parte de las mismas fueron construidas, no obstante haberse cobrado su totalidad por la administración a los contribuyentes de valorización que hoy reclaman la devolución del dinero por las obras no construidas, cuyo plazo para su ejecución se encuentra vencido de acuerdo con la ley.

Lo insólito de todo esto es que la actual administración a través de la secretaría de infraestructura y valorización pretende reactivar su construcción sobre la base de endeudar las finanzas municipales, en tanto los recursos que debieron cobrarse a los contribuyentes y aplicarse para su continuación hoy hacen parte de la cartera morosa de difícil recuperación.

Ahora la administración argumenta que dichas obras deben construirse con el fin de agilizar la circulación y el tránsito automotor, disminuyendo así los tiempos de desplazamiento tal como así lo predicaron las anteriores administraciones, lo cual no ha dejado de ser mas que una ilusión que poco o nada tiene que ver con la realidad.

La obsesión de construir cuatro obras entre ellas, los puentes de Chipichape, de la autopista con carrera 66, el de la carrera 100 con calle 25, dos puentes peatonales, etc., sin hacer una evaluación del costo beneficio de los mismos como de las anteriores experiencias y del crecimiento anárquico de la ciudad y del parque automotor de la ciudad de Cali, es sin lugar a dudas comprometerse con la ejecución de una política errática en esta materia, cuando ni siquiera existe un plan integral de movilidad que garantice un orden racional en la construcción de la ciudad.

Nuevamente habrá que preguntarse si esta incursión de la administración municipal tendrá por objeto mejorar el bienestar de los caleños o simplemente atender el afán de realizar obras por doquier de las cuales resultan beneficiados el sector financiero y los constructores con quienes habrá que acordar los costos financieros y el valor de las obras.

Lo grave es que la actual administración haciendo gala de su autoritarismo pasa por alto el hecho de que en la Constitución se dispone que los alcaldes están en la obligación de garantizar la participación de los ciudadanos en todos aquellos asuntos que los afectan directamente en sus intereses económicos y sociales y que en este caso la administración persiste en construir dichas obras que lindan con el abuso del derecho y la arbitrariedad ligados con el incumplimiento de otras administraciones que no ejecutaron las obras en su debido tiempo ni las cobraron, como tampoco tuvieron en cuenta su conveniencia y racionalidad técnica, económica, financiera, ambiental, etc., un una ciudad en donde la construcción de la infraestructura vial ha sido producto de la improvisación y de acciones incoherentes en materia de movilidad.

Por todo lo anterior invitamos a los ciudadanos a protestar y exigir de la administración municipal un trato ajustado a la ley, la conveniencia y el bienestar general que deben primar en este caso sobre la voluntad omnímoda del mandatario caleño obligado a rendir cuentas de su mandato en interés de la comunidad en lo que corresponde a la dirección, administración, control y vigilancia de los asuntos de la municipalidad.


 Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social

El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social

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