El jarillon del Rio Cauca: un riesgo latente

Por Luz Betty Jime… el Sáb, 15/04/2017 - 11:44am
Edicion
312

Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero

De romperse el jarillón del Rio Cauca se verían afectadas mas de 900 mil personas de casi diez comunas de la ciudad y parte del corregimiento de Navarro. A todo lo anterior se sumarian los daños a las estaciones del Paso del Comercio y de Puerto Mallarino dejando sin agua al 75% de la población caleña.

El anterior alcalde Guerrero contrató con expertos holandeses un estudio sobre el estado actual del jarillón constatándose lo que ya se conocía de antemano sobre la existencia de boquetes producidos por la hormiga arriera, que conjuntamente con la construcción de redes improvisadas de servicios públicos acabaron debilitando el mencionado dique.

No sobra agregar que en el pasado los terrenos del oriente de la ciudad eran inundados por el rio Cauca, llegando sus aguas hasta los limites de la base aérea Marco Fidel Suárez, lo cual se pudo evitar posteriormente con la construcción del jarillón por cuenta de la CVC en la década de los años 50 y principios de los 60 del siglo XX.

La cuestión es que de acuerdo con varios estudios realizados por diferentes entidades, dichos terrenos poseen una gran inestabilidad y en el caso de un sismo de alta intensidad harán que el jarillón termine rompiéndose.

Hoy existen 27 asentamientos con más de 5.000 familias -según informes de la Procuraduría-, que tendrán que ser desalojadas con el objeto de mitigar el riesgo y a las cuales se les ha ofrecido soluciones parciales para unos ocupantes con vocación campesina que siempre han vivido de la explotación económica de sus predios derivada de la actividad agropecuaria, la extracción de arena y materiales de construcción, etc.

De acuerdo con el censo elaborado por las autoridades municipales entre los años 2013 y 2014 habían más de 8.000 viviendas con aproximadamente 35.000 personas ubicadas en todos los 17 kilómetros que posee el jarillón.

En este caso la solución a este problema debe tener un carácter integral, ya que no se trata simplemente de mitigar el riesgo que compromete a centenares de habitantes que bordean el jarillón, sino a todos aquellos ocupantes que se asentaron de tiempo atrás en dicho lugar, incluso bajo el auspicio de la CVC y las autoridades municipales, en busca de resolver sus necesidades de vivienda, trabajo, seguridad y que hoy en medio del desalojo pueden regresar a la situación de pobreza absoluta en que viven muchos colombianos en el país.

Por supuesto que las autoridades municipales deben atender el riesgo latente que significa un eventual rompimiento del dique y la posibilidad de una inundación y avalancha del rio Cauca que afectará a toda la ciudad y cuyas causas mas profundas guardan así mismo relación con otros factores naturales como el cambio climático, la deforestación de la cuenca hidrográfica del río, la minería ilegal y otros aspectos de orden social. Pero lo que no puede suceder es que se les de a las personas un trato discriminatorio y parcializado en razón de su condición de propietarios, arrendatarios o simplemente ocupantes de hecho, algunos de los cuales ya recibieron una mínima indemnización o viviendas en otro lugar de la ciudad como compensación por ocupar terrenos ubicados al lado o sobre el jarillón. En todo caso de lo que se trata es de buscar una solución más acorde con las necesidades de los ocupantes cuya vocación campesina y posibilidades de obtener ingresos se hace cada vez más difícil al contrario de lo que sucedía cuando ocupaban predios en el jarillón y podían desarrollar actividades relacionadas con el campo y contar con un trabajo estable.

Si bien es cierto que la administración municipal tiene el deber de ejecutar todas las medidas tendientes a mitigar el riesgo latente que puede presentarse en el futuro inmediato con una posible fractura del jarillón ocasionada por la fuerza creciente del rio Cauca, también es cierto que el tratamiento que se le debe dar a los ocupantes debe estar acorde con los intereses individuales y sociales de las familias desalojadas, lo cual presupone el reconocimiento y garantía de sus derechos materializados en indemnizaciones y compensaciones justas y equitativas para todos los afectados.

Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social

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