Propuesta de reforma a la justicia

Por Luz Betty Jime… el Sáb, 13/04/2019 - 10:03am
Edicion
416

Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.


 

Las fuerzas políticas pertenecientes a Cambio Radical, la U y el partido liberal presentaron al Congreso de la República el proyecto de acto legislativo No: 37 de 2019 de “Reforma a la Justicia” para realizar  unos “ajustes puntuales a la estructura de la administración de justicia para propender por la seguridad jurídica, el acceso a la justicia, la eficiencia de la justicia y la calidad de la misma”, tal como se señala en la exposición de motivos sobre su conveniencia, mientras que el ex ministro y ex candidato presidencial Germán Vargas Lleras afirma que el mayor aporte de la reforma será el de contribuir a la descongestión de los procesos judiciales, garantizar una mayor seguridad jurídica y atender las quejas y reclamos de los ciudadanos, que han perdido la confianza en la justicia que no protege debidamente sus derechos como lo exigen la Constitución y la ley.

Para tal efecto se prevé que uno de los objetivos de la reforma será el de establecer reglas claras en torno a la necesidad de resolver en la práctica el acceso de los ciudadanos a la justicia la cual debe ser eficiente y expedita en cuanto al trámite de los procesos judiciales que en muchos casos no reciben ninguna atención en medio de los trámites de la denominada política de descongestión, que finalmente no consigue cumplir con su cometido y lograr una “pronta y cumplida justicia”.

Así, en el proyecto de acto legislativo se dice que “los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes, o por la ley, para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley. De manera excepcional, la ley podrá conferir funciones jurisdiccionales a notarios, centros de arbitraje y/o centros de conciliación”, al tiempo que se concede un año al gobierno nacional para presentar iniciativas para actualizar la normatividad en materia de mecanismos alternativos de solución de conflictos “incluyendo el arbitraje y el arbitraje laboral” y la creación de la jurisdicción comercial y rural dentro de la jurisdicción ordinaria; medidas estas que no resolverán los problemas de morosidad, privatización, dificultades en el acceso a la justicia y mala calidad de las providencias entre otros aspectos, ya que por el contrario, siendo la gratuidad de la justicia un factor esencial para el acceso a la misma, las medidas anteriores implican costos para las partes especialmente para los sectores trabajadores y las clases medias y populares que en muchos casos no podrán acceder a los mecanismos alternativos propuestos por los costos que ello implica, además del pago de honorarios profesionales al abogado que los represente, amén de que por este camino se irá desnaturalizando este servicio público a cargo del Estado en manos de un sector social cuyo interés privado aparece disfrazado de interés general.

Otra de las propuestas de que se ocupa el proyecto de reforma consiste en convertir en obligatorio el precedente judicial para los jueces y magistrados al momento de proferir sus fallos, lo cual no solo haría que estos estén sometidos al cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales sino a las decisiones que hubieren tomado con anterioridad las altas Cortes en casos similares, circunstancia esta que abre la posibilidad de sustituir la ley en sentido formal por el precedente judicial el cual podrá ser modificado posteriormente o creado un nuevo precedente acorde con el criterio de los magistrados pertenecientes a dichas Cortes, en medio de una sociedad en la cual los tribunales de Justicia no son independientes del poder del Estado, que en la práctica no expresa por igual los intereses de todos los ciudadanos ya que por el contrario le dan un tratamiento diferenciado a ricos y a pobres.

El doctor German Vargas Lleras miembro de Cambio Radical en relación con el citado proyecto afirmó que con el mismo “no se solucionará toda la problemática del sector, pero su aprobación sería un primer gran logro que permitirá resolver a nivel constitucional cuellos de botella que por años han impedido que avancemos en la dirección de tener una justicia pronta, eficaz y al servicio de todos los ciudadanos” (El Tiempo, 7 de abril de 2019, página de Opinión). Por otra parte, el propósito del proyecto está enfilado a mejorar la condición de los Magistrados de las Altas Cortes, con lo cual no se resolverán los problemas que afronta la justicia y que en este caso se refieren al aumento en la edad para ser elegidos, al igual que el período de funciones de 8 a 12 años, y del ejercicio de la presidencia de las Cortes que será de dos años. 

Además de contener “micos” como el de  pretender modificar el art 28 de la Const Pol, aumentando los términos de detención de las personas y limitando el valor de las indemnizaciones e intereses en las condenas por responsabilidad del Estado.

Como podrá observarse, el propósito de esta reforma no es el de garantizar principios como el de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y lograr la descongestión de los despachos judiciales, ya que la misma está lejos de contribuir a la solución de los graves problemas que afronta la justicia, cuya oferta no solo se encuentra por debajo de su demanda real, sino que además es de mala calidad puesto que sus fallos en muchos casos se basan en interpretaciones subjetivas de los jueces y magistrados que por lo regular están por fuera de los tiempos requeridos y en tratándose de los grandes negocios buena parte de las providencias se dictan bajo la presión de los grandes intereses económicos y políticos, especialmente cuando es el Estado el que aparece como parte demandada en los diferentes procesos judiciales.

A la postre resulta muy fácil invocar el cumplimiento de principios universales contenidos en la Constitución y en la ley que en la práctica no se aplican en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos, en tanto que las clases dirigentes del país tratan por todos los medios de convencer a la opinión pública de que la justicia que se administra en Colombia se encuentra por encima de los intereses de clase, grupos sociales e individuales y al servicio de los intereses del pueblo colombiano.


Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social

El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social

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