Solución integral para los habitantes del jarillón y de la ciudad

Por Luz Betty Jime… el Sáb, 08/04/2017 - 11:48am
Edicion
311

Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero

La tragedia presentada en Mocoa, debe servir al gobierno de Cali y a sus habitantes para adoptar decisiones que no se limiten simplemente a desalojar a los habitantes del jarillón del rio Cauca trasladándolos a lugares que van a alterar su vida familiar, económica y social; manteniendo las causas primarias que ocasionan el desbordamiento de los ríos como son entre otras, la deforestación en la cuenca de los ríos, la minería a cielo abierto.

Cali es una ciudad de alto riesgo para inundaciones debido a que tiene siete ríos en cuyas cuencas existe alta desforestación y se realizan labores de minería que el Estado ha sido incapaz y negligente en evitar que esa practica se hubiera asentado en la región y avanzado a limites en los que los daños causados al medio ambiente y a las aguas tienen un enorme costo ambiental, económico y social, sumado a los humedales y quebradas que fueron desecados para favorecer construcciones y asentamientos no solo en el Distrito de Agua Blanca sino en los estratos altos. Además de que tratándose del rio Cauca y específicamente del jarillón el estudio de los holandeses contratados por el ex alcalde Guerrero, reconfirmó lo que la ciudad y sus habitantes sabían de años atrás en cuanto a que la existencia de boquetes producidos por la incursión de la hormiga arriera y por la construcción de redes improvisadas en materia de servicios públicos por parte de sus habitantes, la existencia de 118 rampas para el paso de los vehículos de un lado a otro del jarillón y de varias escombreras existentes en el lugar, conjuntamente con las tuberías de la estación de bombeo del Paso del Comercio y de las plantas de Puerto Mallarino acabaron debilitando el jarillón.

Los sectores que se surten de agua de la planta Rio Cali, están expuestos a un inmenso riesgo derivado de la conducta irregular de EMCALI y de planeación municipal al permitir que por la zona por donde pasa la tubería de conducción de la bocatoma a la planta en el oeste de la ciudad, se levantaran construcciones de estrato alto por personajes de la localidad, demostrando una vez mas, que aquí se privilegia el interés particular y los negocios privados por encima del interés y del bienestar general.

Aunque las autoridades respectivas le dan a los habitantes del jarillón la calidad de invasores, lo cierto es que inicialmente la CVC entrego en arrendamiento varios predios que continúan siendo ocupados y respecto de otros otorgó varios títulos traslaticios de dominio, de donde surgieron otros predios producto de su división material y ventas a terceros ocupantes, quienes en su mayoría se dedicaron a la agricultura, porcicultura, extracción de materiales del rio y arenas respectivamente, sin que el municipio ni la CVC ni EMCALI hubieran puesto restricciones al dominio de sus propietarios y es así que en los certificados de tradición no figura ninguna anotación al respecto especialmente en el sector del corregimiento de Navarro. Esta conducta permisiva tanto del Municipio como de la CVC y EMCALI se expresò  con la construcción de infraestructura publica con recursos del erario estatal en las zonas del jarillón, entre otras, un colegio público de la nación, un puesto de salud y la estación de policía, cuatro institutos públicos, además de la construcción por particulares de balnearios, lagos de pesca, iglesias cristianas y mas de mil unidades productivas, hechos que no pueden ser desconocidos por la actual administración para desalojar a sus ocupantes sin tener en cuenta las características de sus viviendas.

A la par con la reubicación en condiciones dignas de los moradores del jarillón del Rio Cauca, el municipio a través del DAGMA, la CVC y EMCALI deben iniciar un proceso de recuperación de las cuencas de los ríos, acabar la minería que se viene dando en la zona de la reserva forestal de Los Farallones, sembrando árboles, cuidando los mismos, evitar las invasiones ys recuperar para la municipalidad los baldíos que en la zona rural existen los cuales el municipio ha permitido que se hayan perdido.

En este caso la solución de este problema social que afecta directamente a los ocupantes del jarillón y a la ciudad en general, debe tener un carácter integral, pensando no solo en mitigar el riesgo que compromete a mas de 102.000 habitantes que bordean el jarillón, sino a todos aquellos que de una u otra forma se asentaron en dicho lugar en busca de resolver sus necesidades de vivienda, trabajo, seguridad y que hoy en medio del desalojo pasaran a hacer parte del cinturón de miseria de la ciudad integrado por un conjunto de colombianos que se debaten en medio de la pobreza absoluta, la insolidaridad y la desigualdad social.

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