Reformismo gubernamental

Por Luz Betty Jime… el Sáb, 06/10/2018 - 1:00am
Edicion
389

Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.


 

La práctica inveterada del reformismo a nivel gubernamental está determinada por la necesidad de adecuar el régimen jurídico a las nuevas condiciones e intereses de las clases dirigentes, empeñadas en afianzar su dominación al frente del poder del Estado. Y de ahí que la iniciativa de las reforma esté a cargo del gobierno que en esta ocasión tiene el apoyo de varios sectores políticos con representación en el Congreso de la República, los cuales convertirán aquellas reformas en actos legislativos y leyes, seguramente con algunas modificaciones de carácter no sustancial.

Dichas reformas del sistema político, la justicia, la tributación, la estructura pensional, la salud, la educación superior, las consultas populares, se debatirán en medio de la crisis por la que atraviesa el país, mediatizada por el ascenso de la lucha social y política de las fuerzas de la oposición al régimen que exigen un cambio institucional del funcionamiento de las ramas del poder público y electoral, y del control y fiscalización de los asuntos públicos entre otros aspectos.

Está claro que en las condiciones de la sociedad capitalista las reformas constituyen un modo para modernizar el aparato estatal y al mismo tiempo atenuar las tensiones y contradicciones sociales y políticas, en tanto persisten las causas y motivos que las generan, aplazándose así, la solución de los problemas sociales.

Ahora bien, el hecho de que las reformas sean utilizadas por la clase gobernante para afianzarse en el poder, no significa que estas deben desecharse de plano sin entrar a considerar aquellos aspectos en que el gobierno se ve obligado a hacer concesiones en favor de los trabajadores y de los ciudadanos en general, facilitando con ello el avance de las fuerzas sociales y políticas que luchan por la paz, la democracia y el bienestar de todos los asociados.

En este sentido el camino de las reformas constituye un subproducto de la lucha social que sirve para ampliar las conquistas y reivindicaciones en el plano económico, político y social.

Lo anterior sin embargo no debe convertir la reforma en un fin en sí misma tratando de apartar a las fuerzas políticas y sociales del cumplimiento de sus tareas cardinales por un cambio de las condiciones de vida de los ciudadanos muchos de los cuales se encuentran en la pobreza que conlleva a una mayor desigualdad social.

Desde la Veeduría consideramos que más que defender a ultranza aquellos aspectos positivos que contienen algunas de las reformas presentadas por el gobierno del presidente Duque, se impone el deber político y moral de exigir la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa, encargada de aprobar una Constitución real que pueda ser aplicada como medio eficaz para la construcción de una salida democrática en materia económica, política, social e institucional y que efectivamente facilite la incorporación paulatina y sistemática de los ciudadanos en la dirección, administración, control y vigilancia de los asuntos del Estado y de la sociedad, lo que presupone entre otros aspectos que la nueva Carta consagre el carácter participativo y decisorio de los ciudadanos en todos los niveles de la administración pública y en donde servicios como la educación y la salud no sean un negocio; la inversión extranjera y los acuerdos de comercio se destinen a promover la industrialización, el desarrollo agropecuario, la producción de alimentos, el empleo digno y estable y la cooperación y ayuda mutuas; en tanto que la mayor parte de los recursos de los impuestos recaudados en los municipios y departamentos se destinen a cubrir el gasto social sin gravar con impuestos indirectos los bienes y servicios de la canasta familiar, la salud, la educación y los servicios públicos domiciliarios.

Así mismo se facilite el acceso a la justicia con participación de los ciudadanos en la elección de los jueces a determinado nivel de la administración. Se recupere la iniciativa del gasto público en cabeza del Congreso de la República y que el Banco Central se ocupe así mismo de aquellos asuntos atinentes al pleno empleo y la entrega de créditos con tasas de interés bajas para los pequeños y medianos propietarios y empresarios.

Que la explotación de los recursos naturales no puedan realizarse en detrimento de la soberanía nacional ni estatal ni con afectación del medio ambiente, la salud y la producción de alimentos. Que la ciencia y la tecnología sean puestas al servicio del desarrollo industrial y agrícola del país y la economía de los servicios.

Que las campañas políticas sean financiadas por el Estado en cada uno de los niveles territoriales. Que se reestructure la fuerza pública, acorde con los principios y valores del Estado Social y Democrático de Derecho y que los derechos y libertades civiles, económicas y sociales sean refrendadas como derechos fundamentales Constitucionales, cuya aplicación no pase de ser una simple declaración formal consagrada en la Constitución, tratados y pactos internacionales, exigiendo del Estado la obligación de crear las condiciones para su realización material y beneficio y desarrollo de la sociedad y de los individuos.


Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social

El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social

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