La estrategia de seguridad adoptada por las autoridades para preservar la integridad de las personas en sus vidas, honras y bienes, tal como se establece en la Constitución y en las leyes de la república, no deja de ser más que una realidad aparente cuyas causas no son tratadas de manera adecuada y eficiente, debido en buena parte a que no existe una verdadera política criminal con la cual se puedan superar los crecientes índices de criminalidad que se presentan en los diferentes barrios y comunas de la ciudad, asociados a fenómenos como el narcotráfico, la delincuencia organizada y las acciones terroristas de dversos grupos armados ilegales que se disputan el territorio de la ciudad y de algunos municipios como Jamundí en el Valle del Cauca.
Un ejemplo de lo que está sucediendo en la actualidad lo constituye el reciente atentado terrorista que se produjo en el sector de los Lagos al oriente de la ciudad de Cali generando gran conmoción a sus residentes, a todo lo cual se suma el asesinato del primo del padrastro del menor que fuera secuestrado y posteriormente liberado a cambio del pago -según se dice- de una fuerte suma de dinero.
El hecho real es que el pago de recompensas a cambio de obtener información para lograr la captura de los delincuentes y el aumento de la fuerza pública en las calles de la ciudad, no son suficientes para combatir el crimen organizado ni el terrorismo. En tanto deben tomarse medidas que vayan más allá de los simples procedimientos policiales y judiciales, a la vez que es necesario prever y prevenir en lo posible la actividad criminal de los delincuentes, contando para ello con los recursos indispensables que brindan las nuevas tecnologías y la cooperación con los ciudadanos quienes en última instancia son los que sufren los impactos de la actividad delincuencial que opera abiertamente o de manera soterrada con los denominados capos invisibles de la mafia que controlan y ordenan desde la clandestinidad la comisión de toda clase de delitos.
El manejo de la seguridad de los ciudadanos también tiene que ver con el respeto del uso del espacio público y el control del tránsito automotor en la ciudad, que no pueden seguir siendo manejados con simples medidas coercitivas de “orden y mando” que han creado un ambiente de inseguridad que atenta contra la sana convivencia individual y social.
La administración distrital actuando en medio de un gran despliegue publicitario realizó cambios en materia del espacio público y de movilidad en la zona del parque del perro, cuyo objetivo es “ordenar el tráfico en el lugar” repitiéndose la práctica impuesta por el ex alcalde Ospina de entregarle el espacio público a los propietarios de bares y restaurantes. Medida esta que suscitó en el pasado la protesta de los habitantes del sector y que ahora el alcalde Eder impuso so pretexto de mejorar las condiciones urbanísticas y del tráfico del lugar e impulsar el turismo en la ciudad de Cali, olvidando que cualquier cambio del uso del suelo y del espacio público son de competencia del concejo distrital de acuerdo con las normas de la Constitución Política y que se plasman en el Plan de Ordenamiento Territorial. Estas acciones se toman en medio del caos que padece la ciudad en relación con la usurpación del espacio público y de la anarquía que reina con el manejo del tránsito automotor que está generando una serie de conflictos atentatorios de la convivencia pacífica de los ciudadanos que poco o nada contribuyen a crear un ambiente de seguridad y convivencia social.
