Contratos televisados

El derecho a saber cuánto costó cada ladrillo debería llevarse a la pantalla chica.

Por redacción cultura

La intimidad comercial no es un derecho en las licitaciones públicas. Por eso mismo el conocimiento del público, en este caso televisivo, es un derecho constitucional. ¿Por qué los medios de comunicación no han mutado hacia estados mayores de transparencia? Velar por el correcto funcionamiento de la estructura de contrataciones de una obligación intrínseca de los medios d comunicación.

Peor lo que vemos al día de hoy, es que los medios solo reaccionan, mayoritariamente, cuando el hecho ya fue cometido y el dinero se pierde entre testaferros y fiducias. El corrupto calcula la proporción de su delito y decide que es buena idea el correr con el riesgo de la cárcel y el escarnio. Pagará penas, muchas veces, en mansiones que él mismo construyó con el dinero que se robó.

El abogado Jaime Mata afirma que el derecho a la información minuciosa sobre contrataciones no tiene límites. “EL acceso a la minucia de las contrataciones, es deber de los mismos contratantes. Y así está en la ley. Por lo que suelen publicar pliegos, contratos y hasta facturas en sitios web inasequibles. La televisión debería ser el canal para expresar esa rendición de cuentas de buena fe, por parte de los municipios y los contratistas”.

El gobierno debe confiar en la inteligencia de su pueblo, debe atreverse a darles una televisión con calidad. Los colombianos no vemos televisión de mala calidad porque tengamos un bajo nivel intelectual, los colombianos tenemos un bajo nivel intelectual porque vemos mala televisión, entre otras cosas. Argumentos ridículos y actuaciones vergonzosas es lo único que puede ofrecer el modelo actual.

Así mismo, el seguimiento de los medios a ciertos casos, casi siempre de naturaleza penal, debería ser obligatorio. La presión de los medios suele dificultar la deformación de los procesos a favor de alguna de las partes.

No consideraban razonable que los grandes hombres, artistas o políticos reconocidos, tuvieran el derecho a un juicio público, claro, dónde cada paso del debido proceso judicial era seguido al centímetro por los medios, cuyo propósito fue redefinido para tal función. La función de la población común y silvestre en este sentido fue decisiva: había una línea abierta a la cual las personas podían llamar la atención sobre los procesos que encontraban sospechosos u obscurecidos. Para tal medida se debería habilitar un canal exclusivo que se transmitía de forma obligatoria a través de los sistemas de cable particulares. Así el la población civil hacía su propia fiscalización judicial. La medida pronto pasaría a otras instancias de la administración central como las licitaciones la firma de contratos y los pactos políticos. Todo en público.